El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

En las sombras del Caribe se mueve un enemigo invisible que no dispara, pero destruye, «el lavado de activos». República Dominicana, con su pujante pertenencias turística y su posición estratégica, se ha convertido en un objetivo esencia para los carteles internacionales.

Aunque las autoridades nieguen la presencia formal de estructuras de los del narcotráfico, la sinceridad es que con sus capitales operan con sofisticación y bajo perfiles legales. Lo más preocupante es que estas operaciones suelen suceder desapercibidas, escondidas tras fachadas legales y una novelística de crecimiento financiero.

La globalización financiera, la expansión del turismo y la amor institucional hacen del país un dominio fértil para el blanqueadura de monises. El sistema inmobiliario, los negocios informales, las casas de cambio y algunas zonas francas son canales perfectos para inyectar monises ilícito en la pertenencias procesal.

El lavado no solo enriquece a delincuentes, sino que distorsiona mercados, encarece la vida y debilita la competencia honesta. Esta distorsión igualmente afecta la credibilidad del país en presencia de inversionistas legítimos, que temen actuar en un hábitat poco transparente.

Los carteles no necesitan presencia marcial para conquistar un distrito, les baste el control financiero. Comprar propiedades, financiar campañas políticas, crear empresas porte o infiltrar sectores estratégicos como puertos o aduanas son formas efectivas de colonización criminal.

En este contexto, la democracia se convierte en un teatro, mientras el real poder se ejerce tras bastidores. La influencia silenciosa del narcotráfico es capaz de condicionar leyes, postergar reformas y moldear decisiones públicas que benefician sus intereses.

Turismo

El turismo, orgullo doméstico y motor financiero, igualmente se ve afectado. La venida de capitales oscuros a zonas como Punta Cana, Bávaro o Samaná altera los precios, fomenta la informalidad y atrae un turismo de suntuosidad mezclado al crimen.

Esto desplaza la inversión ética y desnaturaliza el maniquí sostenible que el país necesita proyectar al mundo. Adicionalmente, crea una civilización de impunidad donde el suntuosidad sin origen claro se vuelve aspiracional. El turismo, entonces, deja de ser expansión y se convierte en guardarropa del crimen organizado.

Los puertos dominicanos representan otro conexión frágil en la condena del crimen. La mengua inspección de contenedores, la complicidad de funcionarios y la yerro de trazabilidad en las mercancías crean una brecha crítica.

El narcotráfico se beneficia de estas debilidades para despachar drogas, duchar monises y actuar sin ser detectado. Las autoridades aduanales, muchas veces limitadas en capital, no cuentan con tecnología adecuada ni procesos de control integrados. Esto deja al país expuesto al tráfico internacional de sustancias y capitales.

Frente a estas amenazas, la inteligencia químico podría ser un asociado crucial. El uso de escáneres inteligentes, algoritmos de aventura, blockchain aduanal y drones de vigilancia permitiría anticipar operaciones ilegales.

Pero se necesita inversión, voluntad política y cooperación internacional. La implementación de estas herramientas igualmente requiere personal capacitado y una civilización institucional comprometida con la vigencia. No baste con pescar la tecnología, hay que entender usarla para que funcione como escudo y no como ornamento.

Sin secuestro, la tecnología es insuficiente sin una neutralidad utilitario. La reforma jurídico en la República Dominicana debe ser estructural: meritocracia, independencia, fiscalización y digitalización de los procesos son pilares esencia.

Mientras los casos de lavado prescriben o se archivan sin consecuencias, el crimen sigue avanzando. La impunidad es el combustible del crimen organizado, y sin castigo ejemplar, se normaliza la ilegalidad. Los jueces y fiscales deben estar protegidos del chantaje, la presión política o la amenaza directa de las mafias.

La democracia dominicana igualmente debe blindarse políticamente. Se requieren leyes que limiten el financiamiento electoral opaco, auditorías patrimoniales obligatorias y una ciudadanía vigilante. El narcotráfico se infiltra silenciosamente cuando se tolera la impunidad y se premia el monises realizable, sin importar su origen. La ética pública debe recuperar su centralidad en el entrenamiento del poder. Solo así se podrá recuperar la confianza social y proteger la licitud democrática frente al poder del monises abandonado.

En las economías en expansión, el lavado de activos distorsiona toda deducción financiera. Genera inflación químico, encarece capital raíces, expulsa a los empresarios legítimos y crea burbujas de inversión. Esto afecta a la clase media, reduce el empleo formal y debilita la soberanía económica del país.

Adicionalmente, deteriora la confianza en la moneda doméstico y favorece la informalidad. La desigualdad se incrementa, y los más pobres terminan pagando las consecuencias de un sistema contaminado.

El impacto institucional igualmente es formal. La captura de jueces, fiscales, alcaldes o legisladores por redes criminales impide que el Estado cumpla su rol. Cuando las decisiones públicas responden al crimen, la democracia se transforma en simulacro. Lo que parece procesal, muchas veces es solo una porte delictiva.

Esta corrupción estructural erosiona el acuerdo social y hace que la ley deje de ser relato pudoroso. El sistema entra en crisis, no por yerro de normas, sino por partida de voluntad para hacerlas cumplir.

Combatir el lavado de activos requiere una respuesta integral. No se tráfico solo de operativos policiales, sino de educación ciudadana, vigilancia social, cooperación transnacional y voluntad existente de expurgar las instituciones.

El crimen organizado no se combate con discursos, sino con hecho coordinada y firmeza ética. La sociedad civil, el sector privado y la prensa tienen un rol esencia. Se requiere una civilización de vigencia que atraviese la distribución pública y la vida cotidiana.

La República Dominicana está a tiempo de ejecutar. Posee el talento, las leyes y el apoyo internacional necesario. Pero sin transparencia, neutralidad y control efectivo, el país corre el aventura de convertirse en un paraíso turístico… igualmente para el crimen. El silencio no es neutralidad, es complicidad. La historia muestra que los países que no enfrentan este problema terminan devorados por él. Es ahora o nunca, la lucha contra el lavado es la lucha por el futuro del país.

Jpm-am