En medio de la disputa por el uso de suelo entre Verón–Punta Cana y el Consistorio de Higüey, hay una verdad aún más oneroso que no puede acontecer desapercibida, y es la asignación de una longevo partida del Presupuesto Doméstico para la provincia La Altagracia. Esta demarcación recibe cada vez menos del pastel presupuestario, a pesar de ser una de las mayores generadoras de riqueza para República Dominicana.

El monto ratificado para La Altagracia en 2024 fue de RD$2,061,577,017, pero solo se ejecutó un 73 %, dejando sin modificar casi RD$556 millones. Peor aún, para el 2025 el Gobierno redujo el presupuesto a RD$1,838,115,789. Es asegurar, RD$223 millones menos que el año previo. O sea, la provincia que aporta más divisas a las arcas del Estado es de las más ignoradas en la distribución de fortuna públicos.

El tema que discuten Higüey y Verón-Punta Cana no puede encontrarse solamente desde una perspectiva municipal, sino como una problemática en la que el Gobierno carga con una gran responsabilidad. Mientras los cabildos se enfrentan por la cuestación de arbitrios, la ciudadanía vive con servicios públicos desbordados por el crecimiento poblacional.

Es una ingenuidad pretender que los gobiernos locales pueden por sí solos confrontar los retos de una provincia que crece a más del 8 % anual. La planificación y redistribución equitativa del presupuesto no son tareas de los ayuntamientos, sino del Gobierno Central. Frente a esta confrontación entre Higüey y Verón, el rol nuclear del Gobierno, más que de mediador, es avalar el incremento integral de La Altagracia con equidad y neutralidad fiscal.

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