EL AUTOR

POR DARWIN FELIZ MATOS

En la era digital, donde las redes sociales han democratizado la comunicación, es más urgente que nunca rescatar el efectivo sentido de la albedrío de expresión. Hoy, cualquiera con un celular se proclama “comunicador”, “analista” o “periodista” sin tener ninguna formación, ni ética, y lo más trascendental: sin consecuencias legales.

La Constitución dominicana es clara. En su artículo 49 reconoce el derecho a expresar pensamientos e ideas sin censura previa. Pero incluso establece un meta: ese derecho no puede ejercerse a costa del honor, la dignidad ni la intimidad de las personas. Es asegurar, la albedrío de expresión no ampara la calumnia ni la difamación.

Sin secuestro, hemos gastado cómo este derecho, fundamental para la democracia, ha sido secuestrado por voces que, en nombre de la «albedrío», convierten la comunicación en un armamento para destruir reputaciones, chantajear funcionarios, políticos y así desinformar a la población. Lo hacen desde cuentas anónimas, plataformas sin rostro o bajo el mantilla de una “opinión” que no resiste el más intrascendente filtro ético ni reglamentario.

Esto no es albedrío. Es liviandad.

Y lo más preocupante: algunos sectores del poder lo patrocinan. Funcionarios y figuras políticas pagan con fortuna públicos a mercenarios digitales para que difamen a sus adversarios, incluso adentro de su propio partido. Esta habilidad es no solo inmoral, sino peligrosa para la estabilidad institucional del país.

Si el presidente Luis Abinader quiere defender la democracia con hechos y no solo con discursos, debe ordenar a los organismos de inteligencia y a la conciencia que investiguen y sancionen a quienes financian estas campañas sucias, que atenta contra la democracia.

La comunicación debe ser una útil para educar, edificar y rendir cuentas. No puede seguir siendo un mercado sombrío de chantajes y odio.

Hoy, el periodismo serio —aquel que se estudia, se ejerce con rigor y se somete a la ley— es atropellado por pseudo comunicadores que entienden que tener más likes  y visualizaciones es más importante que tener pruebas. Y lo más triste: una parte de la ciudadanía consume esa basura digital sin sentido crítico, creyendo que lo vírico es lo efectivo.

Es lamentable cómo ha proliferado una clase de “comunicadores” y “analistas” que han convertido el oficio en una táctica de chantaje disfrazada de opinión. Atacan a funcionarios no por convicción, ni por ética profesional, sino con el único propósito de ser llamados para “tomarse un cafecito” y, en ese avenencia, pactar silencio o inquirir posicionamiento personal.

No les interesa la verdad ni la rendición de cuentas; su efectivo objetivo es colocarse en la área del poder, aunque sea a pulvínulo de presión mediática oportunista. Esta habilidad, encima de deshonesta, degrada el adiestramiento comunicacional y desacredita a quienes de verdad hacen periodismo con responsabilidad.

Como dice una vecina con seso popular: “el bienquerencia es ciego, pero los vecinos no”. Muchos creen que sus acciones se ejecutan bajo el más total secreto, ignorando que la sociedad observa, analiza y entiende más de lo que imaginan. Lo que no ven estos personajes es que sus palabras, carentes de coherencia y credibilidad, ya no tienen ningún valencia frente a una ciudadanía que, aunque calla, toma nota.

Si de verdad queremos proteger la albedrío de expresión, debemos protegerla del liviandad. Y eso implica desempolvar leyes, aplicar sanciones, vigorizar la conciencia y exigir responsabilidad a quienes comunican, sean periodistas, influencers o políticos.

La palabra es poderosa. Puede construir o puede destruir. Ha llegado el momento de osar de qué costado estamos.

Jpm-am