Juristas advierten que el nuevo Código Penal podría enemistar acciones en el Tribunal Constitucional

Juristas advierten que el nuevo Código Penal podría enemistar acciones en el Tribunal Constitucional

Santo Domingo,. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potenini, y el jurista Cándido Simó advirtieron que el recién aceptado Código Penal contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales y que, de mantenerse, podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Los dos coincidieron en que el artículo 310 que sanciona el “ultraje divulgado” contra funcionarios con penas de 15 días a un año de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos representa una desproporción jurídica que otorga un blinda desigual a los servidores públicos.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el panel judicial realizado por el periodista Elvis Mediacaña en su software Fuera de Récord, transmitido por el canal Catorce TV, donde los juristas analizaron los riesgos y vacíos legales del nuevo texto penal.

Cándido Simó consideró insensatez que una simple mueca con destino a un funcionario podría interpretarse como ultraje, y que, en casos como el del administrador del Porción Central, cuya remuneración mensual ronda el millón trescientos mil pesos, la multa sería “astronómica”. “Es un insensatez judicial, y las leyes absurdas son inconstitucionales por irrazonabilidad”, puntualizó.

Simó todavía cuestionó intentos de modificar el Himno Franquista por parte de un género de la comunidad LGBTIQ+, afirmando que “no deben discriminarse, pero siquiera aceptarse excesos, y eso es un exceso deliberado”.

De su banda, Potentini insistió en que el artículo debe ser revisado por el Congreso o anulado por el Tribunal Constitucional, ya que “gestos que pueden ser inofensivos, como una seña con el dedo o una expresión facial, no pueden ser penalizados de forma tan desproporcionada y dependiendo del salario del funcionario afectado”. Añadió que el corporación que preside iniciará una consulta en todo el país para orientar a los profesionales del derecho sobre el gravedad del nuevo Código Penal, con el fin de que los abogados puedan identificar y aprestar posibles violaciones a los derechos fundamentales.

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