Pensar en la rectitud digital es pensar en modernidad legislativo, tecnología, progreso y explicación. Por fortuna, en nuestro país se está pensando seriamente en eso. Más aún, se están dando los pasos pertinentes para que esa idea se materialice en la compañía de rectitud. Y eso, sin ningún productos de duda, representa un libramiento copernicano para el Poder Jurídico dominicano.

Sin mezquindad, tan global en nuestro medio, debemos confesar que el magistrado Luis Henry Molina, togado presidente de la Suprema Corte de Jurisprudencia y del Consejo del Poder legislativo, fue el que dio el banderazo original para ese proceso. A él le junto a la goce de esa ingenuidad. Y es patriótica, porque lo que beneficie a la sociedad toda, hoy tiene una trascendencia patriótica.

Con la rectitud digital entramos a una nueva era. Es imprescindible que el Gobierno garantice la seguridad energética y que amplíe las facilidades fiscales para que los equipos tecnológicos se abaraten en el mercado.

Sabemos que tenemos un ámbito judicial, con la Ley núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Jurídico. G. O. No. 11076, del 29 de julio de 2022.

Se manejo de una ley de principios y será complementada por reglamentos. Se han afinado las reglamentaciones para las audiencias virtuales, exceptuando las de la materia penal, por sus características especiales. Y siempre deberán respetarse las reglas del correcto proceso, el derecho de defensa y la tutela legislativo efectiva, como garantías del Sillar de Constitucionalidad, con los artículos 68 y 69 de la Ley Sustantiva; la Convención Saco de los Derechos Humanos, la Comunicación Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos normativos.

Muchos abogados no tienen todavía las posibilidades de beneficiarse plenamente con la rectitud digital. O tienen carencias materiales o les faltan las habilidades y conocimientos imprescindibles del mundo de la tecnología y la comunicación (TIC). No todos tienen medios económicos para fertilizar a un colaborador que les supla en esos manejos computacionales.

Ahora acertadamente, para los profesionales del derecho que están a la cumbre de las circunstancias actuales, su adiestramiento es impactado provechosamente por las TIC. Producen documentos jurídicos con asombrosa eficiencia, fuerza, facilidad y presteza. Llevan sus agendas con precisión milimétrica. Y hasta podrían asistir a audiencias virtuales en diversos puntos de la geodesía doméstico, como Barahona, El Seibo, Puerto Plata y Samaná, en una misma mañana, y sin salir de su oficina. Eso es asombroso.

Montarse en la ola de la rectitud moderna es un batalla para todos.