El cantante Julio Iglesias pidió nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Franquista que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas a fin de “determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa”.

En un escrito, al que tuvo llegada Europa Press, su ilustrado se dirige al Profesión Sabido días a posteriori de que éste decidiese encarpetar las diligencias contra Iglesias en presencia de la “desidia de competencia” del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

Su abogado, en concreto, pide a la Fiscalía “copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal”, asegurando que “no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él”.

“No podemos olvidar siquiera que el llegada a la denuncia es encima necesario a los mercadería de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés seguro del señor Iglesias está igualmente justificado“, apunta el escrito.

La representación del cantante critica que el decreto de archivo de la Fiscalía haya “asignado a las denunciantes como testigos protegidos”. Todo ello a posteriori de que éstas, “a través de sus representantes y medios afines”, hubieran “orquestado una agresiva campaña mediática contra” Iglesias “que ha dañado irreversiblemente su derecho al honor”. “Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin demarcación”, añade.

Y es que, apunta, esa “condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de llegada del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de obtener el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la ordenamiento denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales”.

EL ARCHIVO DE FISCALÍA

Fue el pasado viernes cuando la Fiscalía publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la “desidia de demarcación de los tribunales españoles y por lo tanto la desidia de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Franquista para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

La Fiscalía recordaba que, según la justicia del Tribunal Supremo, “no corresponde a España investigar hechos cometidos allá sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”.

El decreto apuntaba que, aunque el delito de prostitución de seres humanos -uno de los denunciados– se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un gachupin y que existan utensilios de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.

El Profesión Fiscal señalaba, al respecto, que “las víctimas son extranjeras”, que “no residen en España” y que “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes” para conocer los mismos. Encima, indicaba que los denunciados -además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano– siquiera residen en España.

La resolución explicaba que la Audiencia Franquista ha confirmado en otros supuestos que España “no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”. “Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores además lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, concluía.

LA DENUNCIA DE LAS EXTRABAJADORAS

Dos antiguas trabajadoras –una empleada de hogar y una fisioterapeuta– aseguran acontecer sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su excursión profesional en un medio ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Telediario.

Una de estas empleadas sostiene acontecer sido presionada para perdurar encuentros sexuales con el cómico y acento de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más tierno de ellas tenía 22 abriles.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres abriles, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los abriles 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado acontecer sufrido penetraciones sostiene que el cómico gachupin, que en ese momento tenía 77 abriles, la llamaba a su habitación muchas veces al terminar la excursión profesional. “Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con los medios investigadores.

“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la billete de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo dadivoso de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, recoge la publicación que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.

os hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lado en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la administración del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.