Uno de los fallos principales que cometen nuestras autoridades es que postergan las reformas fundamentales por el temor al costo político o a enredar ciertos intereses, así como uno de los pecados cometidos por los líderes de la examen es tratar de sacar delantera colocándose del flanco de quienes las rechazan, aunque estén conscientes de su penuria.

La aprobación de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ha sido la más trascendental reforma realizada en las últimas décadas en el país, y aunque muchos presumen de su paternidad, pocos han decidido encargarse como reales dolientes la rigurosidad en su aplicación, ni la penuria de su revisión, a sabiendas de las nefastas consecuencias de no hacerlo.

En el año 2007 para que iniciara el seguro sabido de vitalidad y en presencia de las denuncias de insuficiencia de la cápita asignadas al plan provisional de servicios de vitalidad, se aprobó al vapor la Ley 188-07 para transferirle fondos de las cotizaciones del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y en violación a la ley se decidió que se implementara bajo el mismo esquema que imperaba antiguamente de la creación del sistema, esto es sin el nivel de atención primaria como puerta de camino al mismo. Y en el año 2019, luego de dejar de flanco una reforma a la Ley 87-01 introducida a finales de 2016 para satisfacer la exigencia del BID para desembolsar un financiamiento, se aprovechó el interés que tenían las autoridades del momento en modificar el recargo por mora en los pagos al SDSS, y el de la Dirección de la Seguridad Social para establecer como era amoldonado su autonomía financiera, para poner un parche que anestesiara el vigoroso señuelo existente por las ingentes comisiones que perciben las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con una propuesta de modificación presentada por estas que luego de consensuarse se estableció en la Ley 13-20 del 7 de febrero de 2020.

Como nulo de lo que se tiene abriles reclamando se ha hecho, y seguimos sin implementar la atención primaria, sin que las contrataciones de todos los prestadores se hagan conforme a tarifas establecidas por un verdadero comité de honorarios profesionales, sin que la gradualidad cerca de la implementación del plan esencial de vitalidad previsto en la ley se haya cumplido o este se haya razonable en la ley, lo que ha permitido que las Administradoras de Riesgos de Vigor (ARS) a través de nomenclaturas de servicios contengan costos limitando los beneficios de los afiliados y saquen beneficios haciendo gestión retrasando con glosas los pagos de los prestadores más allá de lo bastante o sin coartada; la ARS pública SENASA fue jugando su rol, ensanchando sus servicios, pagando a tiempo a los prestadores y aumentando la satisfacción de sus afiliados y por ende su número.

Las actuales autoridades en vez de resolver los problemas estructurales del SDSSS prefirieron suponer a mejorar las insatisfacciones de la población a través del SENASA elevando en el año 2022 el frontera de cobertura de enfermedades catastróficas de 1 a 2 millones de pesos, y al mismo tiempo aumentando el número de afiliados al régimen subsidiado, y creando un plan distinto para la diáspora denominado Larimar, todo lo cual tiene un impacto financiero importante pues entre otras cosas nuestro sistema no está orientado a la prevención, por lo que las coberturas de enfermedades de suspensión costo representan un suspensión porcentaje.

No podemos permitir que el muestrario político continúe postergando lo fundamental, no se negociación de que las autoridades sigan poniendo parches como el intento de establecer una cápita diferenciada a las ARS, ni de que la examen siga denunciando para intentar sacar partido sin atacar lo esencial.  Nuestros legisladores, los del partido oficial y los de los partidos mayoritarios de examen luego de no activo hecho nulo por modificar a tiempo la Ley de Seguridad Social a pesar de haberse conformado una comisión bicameral a estos fines desde el año 2020, renovada en el año 2024, ahora quieren redorar sus blasones aprobando a toda prisa una reforma hueca al Código de Trabajo, que complica más que beneficia, pues la reforma a la seguridad social tiene que analizarse forzosamente conjuntamente con las cargas laborales establecidas en este código, y solo se podrá aumentar lo necesario por un flanco, en la medida que se ajusten o compensen por el otro, pero parece que o no son capaces de entenderlo, o simplemente nueva vez prefieren esparcirse a la política.