El Segundo Judicatura de la Instrucción de La Romana dictó la primera sentencia franquista que acoge la liquidación anticipada de ingresos, correspondientes, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la operación Guepardo.

Los ingresos fueron incautados en el proceso seguido a la empresa Novasco Efectivo Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por su vinculación al caso.

Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana, formularon la solicitud delante la jueza Vicky Chalas, quien ordenó la liquidación anticipada de los ingresos.

El comunicado indica que los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas cuando un tribunal ordene un incautación. En el proceso se irán recuperando los activos para presentarlo al tribunal y al finalizar, con una sentencia condenatoria, se decomisa a beneficio de las víctimas.

Los ingresos puestos en liquidación de forma anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para fingir el trabajo de construcción del confuso.

El Servicio Divulgado indicó que la liquidación anticipada exploración evitar que los ingresos perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Empresa de Capital Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Cese de Dominio, una estatuto que crea el Instituto Doméstico de Custodia y Empresa de Capital Incautados, Decomisados y en Cese de Dominio (Incabide).

El pasado mes les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva impuestos en febrero a los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, los cuales cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, y en Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura unido a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Servicio Divulgado dominicano y se retraso que sea enviada lo ayer posible al país, para que responda por sus hechos.

En la continuación de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Enredador Milián, quien fungía como contable de Novasco Efectivo Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. A los cuatro además se le impuso prisión preventiva por un año que deberán cumplir en la mazmorra pública de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey, en esa misma provincia.

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.

En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la ordenamiento delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.

Durante las pesquisas han sido incautados ingresos inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Doméstico, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de reincorporación matiz, aparatos electrónicos y documentación relevante.

El Servicio Divulgado otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Incorporación Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.