Orlando (AP) .- Una jueza federal de Estados Unidos detuvo la expansión del centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida, apodado “Alcatraz de los caimanes”ordenando que reduzca gradualmente sus operaciones en un plazo de dos meses.

La jueza de distrito Kathleen Williams, en Miami, escribió en su orden de 82 páginas el jueves por la perplejidad que las autoridades de Florida nunca explicaron suficientemente por qué era necesario ubicar un centro de detención de inmigrantes en medio de humedales delicados, apreciados por ambientalistas y personas que disfrutan de la vida al garbo soberano.

Indicó asimismo que las autoridades estatales y federales nunca realizaron una revisión ambiental —según lo requiere la ley federal— antaño de que los funcionarios de Florida construyeran apresuradamente el campamento de detención, el cual promovieron como un maniquí de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Ese incumplimiento afectó negativamente los “intereses recreativos, de conservación y estéticos” de los grupos ambientalistas y de la tribu mikasuki que interpusieron la demanda, señaló.

El director republicano Ron DeSantis criticó el parecer el viernes, y advirtió que no permitirá que “una jueza instigador” lo desaliente.

“Sabíamos que esto era poco que probablemente sucedería”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Panama City. “Responderemos como corresponde. Se tiene un país o no se tiene”.

Esto es lo que conviene conocer sobre la situación y lo que podría suceder a posteriori:

¿Qué dijo la jueza?
Williams indicó que aplazamiento que la población en las instalaciones disminuya en 60 días, a través del traslado de los detenidos a otras instalaciones. Una vez que eso suceda, se deben retirar del sitio las cercas, la iluminación, el gas, los desechos, los generadores y otros equipos. No se pueden dirigir más detenidos a la instalación, ni se le pueden unir más iluminación, cercas, pavimentación, edificios ni tiendas de campaña.

Las únicas reparaciones que se pueden hacer a las instalaciones existentes son por motivos de seguridad. Sin requisa, la jueza sí permitió que los dormitorios y albergues existentes permanezcan donde están, siempre y cuando reciban el mantenimiento necesario para organizar deterioros o daños.

Aquí es donde podrían ir a dar los detenidos
Durante las audiencias judiciales, los abogados dijeron que en un momento cedido había menos de 1.000 detenidos en las instalaciones, que originalmente los funcionarios estatales habían planeado para tener hasta a 3.000 personas.

Aunque los detenidos podrían ser enviados a otras instalaciones fuera del estado, Florida tiene otros centros de detención de inmigrantes, incluidos el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach, y el Centro de Detención del Condado Baker, administrado por la policía restringido.

Este mes, DeSantis anunció planes para una segunda instalación de detención de inmigrantes iniciada por el estado, apodada “Depósito de deportación”, en una mazmorra estatal a 69 kilómetros (unas 43 millas) al oeste del centro de Jacksonville. Funcionarios estatales dicen que se prevé que tenga 1.300 camas, aunque esa capacidad podría expandirse a 2.000 camas.

¿Cómo afecta esta valentía a la otra demanda contra “Alcatraz de los caimanes”?
Abogados de derechos civiles habían presentado una segunda demanda contra las prácticas en “Alcatraz de los caimanes”, alegando que los detenidos no podían reunirse con sus abogados en privado y se les negaba el golpe a los tribunales de inmigración.

Otro magistrado federal en Miami desestimó parte de la demanda esta semana, luego de que el gobierno de Trump designara al Centro de Procesamiento Krome North para que sea el tribunal donde se escuchen sus casos.

El magistrado trasladó los cargos restantes del caso del distrito sur de Florida al distrito medio. Eunice Cho, la principal abogada de los detenidos, señaló el viernes que la valentía en la demanda ambiental no tendrá un impacto sobre el caso de derechos civiles, ya que podría poseer detenidos en la instalación durante los próximos dos meses.

“Nuestro caso aborda la equivocación de golpe a un abogado para las personas detenidas en ‘Alcatraz de los caimanes’, y todavía hay personas detenidas allí”, apuntó Cho.

¿Qué hay de los cientos de millones de dólares en contratos?
Nadie ha dicho públicamente qué sucederá con los cientos de millones de dólares en contratos involucrados en la instalación. El gobierno de DeSantis firmó contratos con proveedores privados en julio para avalar al menos 245 millones de dólares con el fin de establecer y intervenir el centro, según una cojín de datos pública. Esa cantidad —que estará a cargo de los contribuyentes de Florida— va en raya con los 450 millones de dólares al año que las autoridades han calculado que costaría la instalación. La oficina del director y la División de Manejo de Emergencias de Florida no respondieron el viernes a preguntas sobre si el cuota de los contratos seguirá estando a cargo de los contribuyentes del estado si la instalación se cierra.

¿Es esta una valentía final?
No. Este caso continuará siendo litigado. El estado de Florida presentó un aviso de apelación el jueves por la perplejidad, poco a posteriori de que se emitiera el parecer. Según deja deducir su nombre, una orden contencioso preliminar es sólo una influencia auténtico tomada por un magistrado para organizar daños mientras se resuelve una demanda, y cuando parece que una de las partes tiene una buena posibilidad de alcanzar el éxito con cojín en los méritos del caso.