AP.- Una jueza federal en Maryland volvió a exigir al gobierno del Presidente Donald Trump que documentación qué ha hecho, si es que ha hecho poco, para cumplir con la orden sumarial que obliga a repatriar a Kilmar Ábrego García desde una prisión en El Salvadordonde permanece encarcelado tras una deportación considerada ilegal.

La jueza Paula Xinis había concedido al gobierno una pausa temporal de siete días para presentar esa información. Sin requisa, al vencer ese plazo, estableció nuevas fechas en mayo para que funcionarios federales testifiquen bajo testimonio sobre cualquier entusiasmo concreta que hayan realizado para traer de revés a Ábrego a Estados Unidos.

Ábrego García, de 29 primaveras, fue deportado en marzo pese a que estaba protegido por una orden sumarial emitida en 2019 por un magistrado de inmigración, que reconocía que su vida corría peligro en su país de origen. El nuevo salvadoreño había llegado a EE. UU. a los 16 primaveras, vivía en Maryland desde hacía más de una lapso, trabajaba en la construcción y tenía tres hijos.

El caso ha generado tensión entre el poder sumarial y la dependencia Trump, que lo vinculó con la pandilla MS-13 basándose en tatuajes, ropa y el certificación de un informante. Ábrego nunca fue marcado formalmente, y sus abogados han insistido en que esas pruebas son poco sólidas, por otra parte de señalar que nunca ha vivido en Nueva York, donde supuestamente pertenecía a un capítulo de la pandilla.

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A pesar del desacierto de la Corte Suprema del 10 de abril, que obligaba al gobierno a proporcionar su regreso, no se ha reportado ninguna entusiasmo efectiva. La jueza Xinis incluso reprendió a uno de los abogados del gobierno por no poder explicar qué medidas concretas se habían tomado.

En medio de esta situación, Trump declaró a ABC News que podría apetecer al presidente de El Salvador para tramitar el regreso de Ábrego, aunque mantuvo su postura de que el nuevo pertenece a la MS-13.

La Corte de Apelaciones, sin requisa, respaldó firmemente la orden de Xinis de exigir información al gobierno, subrayando que no interferirán con el intento seguro de una jueza de aplicar un desacierto de la Corte Suprema.

Este caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre las políticas migratorias del gobierno de Trump y el poder sumarial, especialmente cuando se manejo de asegurar el respeto a los derechos de los inmigrantes y a las decisiones judiciales previamente establecidas.

Por Tania Frías