La Asociación Doméstico de Jóvenes Empresarios (ANJE) valora la nuevo promulgación del nuevo Código Penal y afirma que esta reforma constituye un avance significativo en el proceso de modernización de la principal código para la beneplácito penal contra la criminalidad, pero en su forma flagrante, no se ajusta a las exigencias y desafíos del siglo XXI.

El nuevo Código de República Dominicana, a través de la Ley 74-25, sustituirá un entorno judicial actual desde 1884.

“Apreciamos y reconocemos los esfuerzos de los legisladores para dotar al país de un entorno legal que incorpora más de 70 nuevos tipos penales, tales como el feminicidio, el crimen organizado, la corrupción, la violencia basada en categoría, los delitos cibernéticos, el sicariato, la violencia económica y la difusión de deepfakes con fines de chantaje, entre otros. Estos nuevos delitos reflejan de guisa significativa las preocupaciones modernas de la sociedad dominicana”, dice ANJE

Señala que representantes del Poder Ejecutor y del Congreso Doméstico han identificado inconsistencias en el Código Penal recién permitido, y esta situación debe transparentarse frente a la ciudadanía para identificar de guisa oportuna las disposiciones que deben ser modificadas e introducidas pertinentemente.

Asimismo, consideran esencial socializar cualquier reglamentación necesaria con los distintos sectores y señalar fundamentos del nuevo texto que ameritan revisión y mejoramiento técnica durante el período de vacatio legis, previo a su entrada en vigor en agosto de 2026.

Indican que les fogata la atención la redacción del texto sobre el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, particularmente lo expresado en el artículo 8 del nuevo Código Penal y sus artículos subsiguientes, cuya constitucionalidad y razonabilidad debe ser analizada.

Esa disposición compromete la responsabilidad de las empresas frente a delitos cometidos por “subordinados” en común, obligando a que las empresas sean parte de procesos penales generados por hechos cometidos por empleados o contratistas, aun cuando éstos no ostenten la representación judicial de las sociedades comerciales.

Precisa que esta nueva regulación exige a todas las sociedades comerciales la implementación de políticas o programas de cumplimiento preventivo y normativo, lo que resultará en un incremento de los costos y cargas regulatorias que desincentivan la formalización de las Mipymes, sin que la existencia de tales programas constituya un eximente de responsabilidad a las empresas.

Al respecto, manifestaron que eso representa un impacto crematístico y activo importante que las empresas deben tomar en cuenta, ya que no se limita a los sujetos obligados de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, sino que, por lo manido, tendría una aplicación común.

Asimismo, observan con preocupación que, en el texto permitido persisten medidas u omisiones que implican retrocesos en materia de derechos fundamentales para las mujeres, adolescentes y niñas. En un país donde aún persisten altas tasas de violencia de categoría y reserva estructural, la abandono de disposiciones claras en temas como las circunstancias que determinan el hecho del feminicidio y la reserva de la interrupción del impedimento como tipo penal bajo causales específicas constituye un retroceso en materia de derechos y garantías de las mujeres.

ANJE reitera su respeto al principio de albedrío legislativa y reconoce el momento histórico y el esfuerzo institucional que ha representado la aprobación y promulgación del nuevo Código Penal.

Reafirman su compromiso con un Estado de derecho robusto, en el cual el fortalecimiento institucional y la señal y respeto a los derechos humanos vayan de la mano con la competitividad empresarial y el crecimiento sostenible. Aspiremos a un futuro vivible, con las condiciones materiales, empresariales y sociales que protejan e impulsen las Mipymes y Mipymes lideradas por mujeres.