Santo Domingo.- República Dominicana se prepara para una de las transformaciones más importantes en materia de identidad ciudadana en la última lapso: la renovación total de la cédula de identidad y electoral. La Reunión Central Electoral (JCE) ha decidido emprender este proceso tras un profundo investigación judicial, técnico y financiero, con el objetivo de avalar un documento seguro, nuevo y afiliado con los más altos estándares internacionales.

La intrepidez avala a razones legales y de seguridad. La flagrante cédula, emitida en 2014, cumple en 2024 el plazo de vigencia de diez abriles que establece la ley, lo que obliga a su renovación. Pero más allá del vencimiento, la JCE advierte que los avances tecnológicos y el crecimiento de la ciberdelincuencia, las falsificaciones y la suplantación de identidad hacen imprescindible contar con un documento robusto y prácticamente inviolable.

La nueva cédula será fabricada en policarbonato con fototipia láser, incorporará un chip criptográfico con datos biométricos, código QR y avanzados sistemas anti falsificación.

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Entre sus ventajas, permitirá autenticación biométrica, transacciones electrónicas seguras y un nivel de protección frente a manipulaciones y clonaciones nunca antiguamente manido en el país. Con esta modernización, la JCE pesquisa acrecentar la integridad del Registro Civil, el padrón electoral y la protección de la identidad de más de 9.4 millones de ciudadanos y residentes legales.

En paralelo, el organismo ha iniciado una depuración proactiva del padrón, validando ya más de 1.5 millones de registros para consolidar que cada nuevo documento se emita con datos correctos y en ajustado apego a la ley. Este proceso, que se ha socializado con partidos políticos, poderes del Estado, empresarios, bancos, medios de comunicación e iglesias, todavía tendrá un impacto crucial en las primarias de 2027 y las elecciones de 2028, y sentará las bases para el confuso marco electoral de 2032, cuando se unificarán los siete niveles de votación en una misma aniversario.

La JCE recalca que este cambio no es un pago, sino una inversión estratégica para la democracia y la soberanía franquista. La tecnología de última coexistentes extenderá la durabilidad de la cédula más allá de diez abriles, reducirá costos a mediano y holgado plazo y colocará al país a la prestigio de los estándares internacionales en materia de identidad. “Se negociación de un esquema de Estado, diseñado para proteger a los ciudadanos, robustecer las instituciones y garantizar nuestra identidad”, concluyó el organismo.