El consejero judicial de la Trabazón Central Electoral (JCE), Denny Díaz Mordán, explicó las razones que motivaron a descartar a dos de los tres oferentes que participaron en la concurso pública internacional para el esquema de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Díaz detalló que, en el pliego de condiciones de la concurso para la adjudicación de equipos, materiales y servicios, se estableció que los oferentes debían cumplir con los requisitos técnicos y económicos. En ese sentido, aclaró que si una propuesta no superaba la primera período técnica, no podía ocurrir a la segunda, correspondiente a la evaluación económica.

“La concurso está pautada por un pliego de condiciones mencionado. Es la norma que regula todo el proceso de contratación, y en ese pliego existían factores técnicos y económicos a tomar en cuenta”, explicó el consejero judicial.

Añadió que en el proceso se inscribieron tres consorcios con experiencia en este tipo de documentos, integrados por varias empresas, y que cada uno debía acreditarse en la parte técnica.

“Hay que aclararlo: si usted no supera la parte técnica, no puede ocurrir a la transigencia del sobre B o propuesta económica, porque es una precondición”, precisó Díaz Mordán.

El funcionario señaló que la evaluación técnica incluía una “prueba de concepto”, en la cual los consorcios debían demostrar, con los equipos ofrecidos, la capacidad existente de producir una plástico de cédula con las características exigidas en el pliego.

En compañía de los directores de Cedulación e Informática, Américo Rodríguez y Johnny Rivera, Díaz ofreció estas explicaciones durante su billete en el software radial, según una nota de prensa.

Descalificación de dos consorcios

Sobre los consorcios descalificados, Díaz aclaró que no fue por yerro de experiencia, ya que los dos acreditaron proyectos similares y recibieron la puntuación correspondiente en ese aspecto.

Sin retención, explicó que el consorcio Plástico 4.0 incurrió en una “yerro insubsanable”, ya que durante su prueba de concepto utilizó un equipo que no estaba obvio en su propuesta técnica.

“Pudo completar el ciclo de impresión, pero se valió de un equipo no incluido en su propuesta. Eso no se podía aceptar”, puntualizó.

En el caso del consorcio ID SEGURIDADdijo que el problema radicó en que las tarjetas de policarbonato que imprimió no lograron evidenciar el intención óptico adeudado para el documento de identidad.

“Ellos impugnaron, y la Trabazón respondió mediante una resolución. Pero insistimos, fue un aspecto técnico: las tarjetas no producían el intención de seguridad requerido”, sostuvo Díaz.

Presupuesto del esquema

En cuanto al financiamiento, el consejero judicial explicó que la JCE, como víscera constitucional autónomo, maneja su propio presupuesto y puede redistribuir fondos internamente sin inconvenientes.

Precisó que el convenio establece un anticipación mayor del 20 % —equivalente a más de 600 millones de pesos— tras la firma, y el resto se completará cuando se entregue el esquema bajo la modalidad de “espita en mano”.

Finalmente, informó que el Pleno de la JCE sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, para discutir los detalles presupuestarios del esquema de la nueva cédula.