El Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terreno (INTRANT) y su director ejecutor, Milton Morrison Ramírezse querellaron por en presencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el presidente y la jefe genérico de la empresa Dekolor, S.R.L.

La querella penal en constitución en parte civil es en contra del presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y la jefe genérico, Sandra Oruña.

La acto penal detalla una compleja trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensualesamenazas personales, presión institucional y entrega de patrimonio en efectivo a funcionarios secreto del INTRANT.

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INTRANT presenta querella en presencia de la PEPCA por presunta corrupción vinculada a Dekolor S.R.L.

“El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un anuencia estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de radiodifusión y renovación de licencias de conducir en todo el país”, indicó.

El anuencia, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco primaveras, incluía la empresa de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de activo sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin tener lugar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la coetáneo dirección institucional.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado, y chantaje/molestia electrónica, con colchoneta en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología.

La querella, respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría Normal, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Encima, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya décimo deberá ser depurada por el entraña persecutor.

Este tipo de acto es inusual en el país. Por lo genérico, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ocupación Notorio en nombre del Estado. La osadía de un funcionario de stop nivel de practicar directamente la acto penal constituye un precedente infrecuente difícilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicación.