El pasado viernes, el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terráqueo (Ingresar) dirigido por Milton Morrison Ramírez, presentó una querella penal frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Escenografía srlsu presidente Rogelio Oruña y su administrador universal Sandra Oruña. Las acusaciones apuntan a una serie de presuntos actos de soborno, amenazas y presiones sobre funcionarios secreto del Ingresar; con el fin de obtener la extensión de un convenio estatal.

El convenio llamativo, firmado en enero de 2020otorgó a Dekolor la responsabilidad de resolver el sistema integral de retransmisión y renovación de licencias de conducir en el país, que incluye la delegación de 21 centros de atención. Sin confiscación, la querella señala que la empresa habría intentado prorrogar el acuerdo más allá de su aniversario de vencimiento a través de modificaciones no aprobadas, eludiendo el proceso competitivo y sin contar con el consentimiento del Consejo del INTRANT.

Según los documentos, Dekolor habría ofrecido hasta un millón de dólares y RD$3,000,000 mensuales en presuntos sobornos para presionar a los funcionarios a auxilio de la renovación del convenio, sin favor cumplido con los procedimientos legales requeridos.

Cargos y pruebas presuntamente involucradas

Las acusaciones se basan en presuntos delitos de soborno (Ley núm. 448-06), lavado de activos (Ley núm. 155-17), estafa contra el Estado y chantaje/perturbación electrónica (Ley núm. 53-07). La querella está respaldada por informes técnicos internos del INTRANT, documentos de la Contraloría Universal y testimonios que sugieren la existencia de una presunta estructura criminal destinada a manipular decisiones administrativas y desviar fondos públicos.

Investigación en curso y posibles responsables adicionales

El INTRANT ha indicado por medio de un comunicado, que las investigaciones podrían involucrar a otras personas, por lo que ha solicitado a la PEPCA que profundice en el caso para identificar posibles responsables adicionales. La Procuraduría ahora tiene la tarea de evaluar si las acusaciones son fundadas o si hay más actores involucrados en este supuesto entramado de corrupción.

Por: Yari Araujo