Santo Domingo. – Las gobernaciones provinciales ofrecerán múltiples servicios de los que brinda el Ocupación de Interior y Policía, lo que se traduce en un significativo avance para los ciudadanos, quienes no tendrán que trasladarse a la hacienda, reduciendo los tiempos y los costos que implican estos requerimientos.

Durante una marcha en la sede del Ocupación de Interior y Policía (MIP), la ministra Faride Raful expuso que desde su nominación trabaja para trocar y digitalizar los procesos, lo que es igual a mejorar y abocar la institución a la ciudadanía.

Indicó que esta iniciativa de simplificación de trámites representa un economía significativo de tiempo y restablecimiento de colaboración y los procesos administrativos de las representantes del Poder Ejecutante en las provincias tendrán un impacto dispuesto y cumplirán con los mandatos de la Memorándum Digital 2030.

En tanto, José Octavio Acosta, responsable del esquema, indicó que los ciudadanos por primera vez tendrán un canal de comunicación directo con el empleo, como escolta al canal de servicios que ya fue presentado.

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“Cada una de ustedes llevará a sus provincias los equipos tecnológicos para que pueda iniciar la transformación digital”.

Gobernadoras respaldan a la ministra

En un sorpresivo visaje, las gobernadoras provinciales manifestaron su solidaridad a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras ser blanco de una campaña de difamación, violencia simbólica y ataques a su integridad personal y profesional. Afirmaron que no está sola, que la acompañan en esta cometido de trocar el país.

La representante de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio, tomó la palabra en nombre de sus homólogas durante el concurrencia, expresando su apoyo decidido a la funcionaria.

En un documento advirtieron que estas acciones no están limitadas a un ataque personal contra una servidora estatal, sino que buscan silenciar voces femeninas, desacreditar la billete de las mujeres en los espacios públicos y políticos, y perforar los principios básicos de la convivencia democrática.

En ese contexto, llamaron a la ciudadanía a reflexionar sobre el tipo de país que desea construir, subrayaron que los derechos humanos, la ética pública, la igualdad de categoría y el respeto a la dignidad humana no son negociables.