Santo Domingo.- Con el eventual sometimiento de República Dominicana a la potestad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Duartianoha denunciado movimientos desde órganos del Estado con el fin de viabilizar cambios constitucionales en materia de país.

Según la entidad que se ocupa de permanecer viva la esencia del libertador de la nación, una batalla de esta naturaleza pondría en aventura la soberanía doméstico y el control migratorio del país.

Wilson Gómez Ramírez, presidente del organismo patriótico, afirmó que el establecimiento del derecho completo del sol implicaría ojear como dominicanos a hijos de extranjeros nacidos en comarca doméstico, independientemente del status migratorio de sus padres, lo que, a su madurez, tendría un impacto directo sobre la integridad del Estado dominicano.

En un cruce sostenido en la sede del Instituto Duartiano, Gómez Ramírez sostuvo que la eventual autorización de la CIDH podría derivar en decisiones judiciales que limiten la capacidad del país para ejecutar repatriaciones de personas en condición irregular.

El dirigente patriótico exhortó al presidente Luis Abinader y al Congreso Franquista a prestar atención a lo que calificó como “aprestos preocupantes”alegando que existe un flujo constante de autoridades en torno a Costa Ricasede del tribunal internacional, con el propósito de alcanzar acuerdos que coloquen al país bajo su competencia.

Gómez Ramírez insistió en que la posición oficial dominicana debe mantenerse firme frente a organismos internacionales y rechazó cualquier intento de retomar la tutela de dicha corte, subrayando que la soberanía doméstico no puede ser comprometida bajo ningún tablas.

Duartianos alertan sobre riesgos de involucramiento directo de RD en crisis haitiana

En medio de la compleja crisis sociopolítica que afecta a Haití, el Instituto Duartiano instó a las autoridades dominicanas a permanecer una postura de prudencia y cautela, al tiempo que rechazó cualquier décimo directa del país en iniciativas internacionales como el despliegue de fuerzas para combatir las pandillas en la vecina nación.

Gómez Ramírez consideró que la responsabilidad de atender la crisis haitiana recae en la comunidad internacional, particularmente en organismos como la Ordenamiento de las Naciones Unidas (ONU), la Ordenamiento de Estados Americanos (OEA), así como en las grandes potencias, y no en la República Dominicana, que ha mantenido históricamente una política de no intervención.

En ese sentido, cuestionó la décimo del canciller Roberto Álvarez en discusiones vinculadas a este tema, señalando que, por la naturaleza del mismo, correspondía a los embajadores de Estados Unidos acreditados en Haití y República Dominicana responsabilizarse ese rol de vocería.

Reiteró encima la vigencia del artículo 3 de la Constitución Dominicanaque establece la inviolabilidad de la soberanía doméstico y el principio de no intervención como eje de la política foráneo del país, advirtiendo que cualquier desviación de esa rasgo podría comprometer la estabilidad institucional.