“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración van a ser menos tolerantes con los antiestadounidenses o el antisemitismo al momento de tomar decisiones de inmigración”explicó Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas en Center for Immigration Studies, un comunidad a protección de las restricciones migratorias.

Jacobs comentó que el gobierno está siendo más claro en el tipo de comportamientos y prácticas que los agentes deben tomar en cuenta, pero enfatizó que todo sigue siendo a criterio del agente.

“La agencia no puede decirles a los agentes que deben desmentir, nada más tomar en cuenta esto como un criterio pesimista”, puntualizó.

A los críticos les preocupa que la puesta al día de la política permita una visión más subjetiva de lo que se considera ser antiestadounidense y permita que el sesgo personal de un agente nuble su sensatez.

“Para mí, la gran historia es que están abriendo la puerta a estereotipos, prejuicios y sesgos implícitos para que tomen el control en estas decisiones. Eso es verdaderamente preocupante”, señaló Jane Lilly Lopez, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young.

Se alcahuetería del más nuevo en una serie de cambios implementados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, incluida la revisión de páginas de redes sociales, y la evaluación de los solicitantes que buscan la naturalización por “buen carácter pudoroso”. Esto no sólo tomará en cuenta “no sólo la partida de comportamientos indebidos”, sino asimismo los atributos positivos y contribuciones del solicitante.

“Significa que vas a tener que hacer mucho más para proporcionar evidencia de que cumples con nuestros estándares”, indicó Lopez.

Los expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la política, la cual involucra a personas que no son ciudadanos estadounidenses y su familiaridad de expresión. Jacobs afirmó que los derechos de la Primera Mejora no se extienden a personas fuera de Estados Unidos o que no son ciudadanos estadounidenses.

Ruby Robinson, abogado senior del Michigan Immigrant Rights Center, cree que la Carta de Derechos y la Constitución de Estados Unidos protegen de la intromisión del gobierno a todas las personas en el país, independientemente de su status migratorio.

“Muchas de las actividades de este gobierno infringen los derechos constitucionales y necesitan resolverse, en última instancia, en los tribunales”, destacó Robinson.

Los abogados recomiendan a sus clientes que ajusten sus expectativas.

“La parentela necesita entender que hoy tenemos un sistema diferente y muchas más cosas que se aplican a los ciudadanos estadounidenses no se van a aplicar a determinado que está tratando de entrar a Estados Unidos”, dijo Jaime Diez, abogado de inmigración con sede en Brownsville, Texas.

Jonathan Grade, Soci buró de abogados de inmigración Green and Spiegelafirmó que la puesta al día de la política no fue inesperada, tomando en cuenta el manejo de temas de inmigración por parte del gobierno federal.

“Esto es lo que se eligió. Tienen permitido interpretar las reglas como quieran”, subrayó. “Para ellos, la política siempre ha sido la de sujetar la zona de strike. La ley sigue siendo la misma”.