Son juzgados 17 militares desde este miércoles en Ecuador por la presunta desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en diciembre de 2024, cuyos cuerpos aparecieron después calcinados y con impactos de bala, un caso que podría retrasarse varias semanas en resistir a una sentencia por los cientos de testimonios y pruebas que se presentarán.

El caso se remonta a la tenebrosidad del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Riachuelo, de 15 y 14 primaveras, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el ensanche Las Malvinas, en Guayaquilfueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Tauroa unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una saco de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Sus familiares no volvieron a entender de ellos hasta días luego, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados que habían contrario en una zona rural cercana a donde fueron vistos por última vez, los cuales pertenecían a los menores.

Consternación en Ecuador

Los marcial aseguraron desde un inicio que los dejaron con vida en una zona rural de Tauroy lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.

Sin requisa, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, ayer de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La necroscopía de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la comienzo.

La audiencia de prudencia se instaló merienda meses luego de que 16 de los 17 soldados fueran enviados a prisión preventivaadecuado a los constantes diferimientos pedidos por parte de los abogados de los procesados, pero con la advertencia del tribunal de que esta vez la diligencia no se postergará hasta que se llegue a una atrevimiento.

“Hay una gran cantidad de pruebas qué Fiscalía y nosotros queremos que se practiquen y que el tribunal pueda conocer, y cada día cuenta”, dijo a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias de los menoresquienes esperan que haya una resolución ayer de fin de año.

Solo la Fiscalía tiene 176 pruebas que se va a presentar, entre testimonios de peritos e investigadores, reproducciones de videos de cámaras de seguridad y documentos, mientras que los defensores de los procesados llevarán otra centena de personas a determinar.

Estaban bajo “subordinación marcial“

Durante la primera viaje del prudencia, la mayoría de los abogados de los marcial señalaron que sus defendidos eran inocente y que sus actuaciones se desarrollaron todo el tiempo “en el interior de un exacto situación de subordinación marcial“, es sostener, a seguir órdenes de sus superiores.

• Otro defensor señaló que su cliente permaneció “todo el tiempo en el balde de la camioneta” y que “nones lesionó a una persona”, por lo que no era posible que se lo notificación de ser autor de una desaparición forzada.

Reiteraron que la detención de los menores “fue procesal”, pues los soldados lo hicieron en respuesta a supuestas alertas de personas que estaban esa tenebrosidad en los exteriores del centro comercial y que aseguraron que los menores habían robado, proposición que ha sido descartada por la Fiscalía.

El abogado de uno de los soldados que decidió cooperar con la Fiscalía dijo que esperaba que el declaración “oportuno y comprobado” de su cliente pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos, a cambio de obtener una disminución en la pena.

En la diligencia todavía intervinieron los padres de dos de los menoresquienes aseguraron que sus hijos habían saliente esa tenebrosidad a esparcirse fútbol y que luego habían ido a comprar pan, momento en el que fueron detenidos.

La audiencia continuará este jueves con la presentación de más testimonios por parte del Tarea Divulgado.