El autor es abogado. Reside en Miami.

POR JULIO MARTINEZ

El gobierno ha insistido en presentar el expediente de “Operación Cobra” como una demostración del funcionamiento de un Servicio Sabido independiente y decidido a enredar la corrupción. Sin incautación, cuando se revisa la cronología del caso, surgen dudas incómodas: la movimiento penal se aceleró encajado luego de que el propio presidente hiciera declaraciones públicas y se colocara al frente del debate, lo que alimenta la percepción de que la iniciativa no nació solo de una fiscalía autónoma, sino igualmente de una audacia política de parada nivel.

Durante meses, distintos medios y voces políticas habían señalado rumores persistentes sobre irregularidades en SeNaSa, sobre compras cuestionables y manejos opacos de fondos, sin que se conociera una reacción visible por parte de las autoridades. Si el Servicio Sabido tiene el deber constitucional de representar delante el rumor notorio y las denuncias iniciales, resulta auténtico preguntar por qué la intervención llegó tan tarde y solo cuando las revelaciones ya eran inocultables. Esta brecha entre el discurso de “cero impunidad” y los tiempos reales de la acto jurídico debilita la novelística de una probidad completamente ajena a los ritmos de la política.

Otro aspecto que lumbre la atención es la concentración geográfica y política de varios de los investigados. Una parte importante de los nombres que figuran en la delación tiene vínculos con la provincia de Santiago, bastión de un sector político que acompañó al coetáneo gobierno desde la campaña. Muchos de esos cuadros habían formado parte del entorno profesional y electoral que trabajó en la estructura de sanidad y en la captación de apoyo para el esquema oficial. No se alcahuetería de criminalizar un origen regional, pero sí de cachear que las redes de confianza que operan en las campañas suelen trasladarse luego a los cargos administrativos, con los riesgos que ello implica cuando faltan filtros serios de idoneidad y control.

Qué supervisión?

En ese contexto, la figura de la vicepresidenta adquiere relevancia política, no porque exista hoy una imputación penal en su contra, sino por el rol institucional que desempeña como coordinadora del Ministerio de Salubridad. Si las principales instituciones del sector, incluido SeNaSa, se articulan bajo esa instancia, cerca de hacer una pregunta directa: ¿qué tipo de supervisión se ejercía sobre el seguro estatal mientras, según la delación, se montaba un esquema de fraude que operó durante abriles?

Igualmente resulta pertinente cuestionar si desde el Ministerio de Salubridad se recibieron reportes internos, auditorías o advertencias tempranas sobre las anomalías que ahora se describen en detalle en la solicitud de medidas de coerción. Si esos informes existieron, ¿cómo se procesaron?; y si no existieron, ¿qué dice eso sobre la calidad de los mecanismos de control político y funcionario que acompañan a las designaciones de confianza en un sector tan sensible como el de la sanidad pública?

En vez de cercar la discusión a la figura del ex director y a su círculo más cercano, el país necesita respuestas más amplias sobre la relación entre los equipos de campaña, los nombramientos posteriores y la marcha de alertas a tiempo. Cuando casi todos los implicados provienen de un mismo espacio político y territorial, la pregunta ya no es solo “quién robó”, sino “quién nombró, cómo supervisó y por qué no detuvo a tiempo lo que ahora se presenta como una estructura criminal”.

La ciudadanía tiene derecho a exigir que este caso no termine en un simple cambio de nombres ni en una registro de “manzanas podridas” convenientemente aisladas del resto del canasto. Si positivamente se quiere romper con la tradición de impunidad en el sector sanidad, el gobierno debe estar dispuesto a revisar su propio maniquí de papeleo política, incluyendo la forma en que el Ministerio de Salubridad, bajo la coordinación de la vicepresidencia, ha ejercido su rol de dirección y vigilancia.

Desde una perspectiva jurídica, el proceso penal deberá determinar quiénes incurrieron en delitos y en qué naturaleza, garantizando el adecuado proceso y la presunción de inocencia. Pero la responsabilidad política no puede esperar a una sentencia firme: se mide por la diligencia, por la reacción oportuna, por la voluntad de inaugurar los archivos y permitir que la sociedad conozca qué falló y quién debió poseer actuado antaño.

Todo esto no niega la importancia de que el Servicio Sabido lleve delante el caso con rigor técnico y respeto al adecuado proceso. Pero si la acto sólo se activa cuando el escándalo alcanza niveles mediáticos imposibles de contener y el Ejecutante toma la delantera del discurso, cuesta sostener sin matices la idea de una independencia plena y proactiva. Una probidad verdaderamente autónoma debería adelantarse al cálculo político, no acompañarlo a la retaguardia.

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