La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación delante el ajuste tarifario implementado por el Consejo de Directores de la Corporación del Canal y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el cual contempla aumentos desproporcionados e injustificados de hasta 400% para el sector industrial, por lo que solicitó su suspensión inmediata.

La ordenamiento llamó a revisar este proceso en el situación de la licitud, la transparencia y la consulta pública con los actores productivos impactados por la medida. Mario Pujols, vicepresidente ejecutante de la AIRD, subrayó la disposición del sindicato a contribuir en la búsqueda de soluciones equilibradas.

“El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de distribución de políticas públicas. Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial”, manifestó Pujols.

La AIRD, en una nota enviada a los medios de comunicación, resaltó que, si perfectamente reconoce la exigencia de refrescar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, preocupa que en este caso no se haya realizado la consulta pública de rigor o la publicación de los estudios técnicos que sustentan el ascenso.

“Con esta osadía, la CAASD ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el adecuado proceso y la previsibilidad norma en nuestro país. La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de guisa abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas” precisó Pujols.

Asimismo, Pujols resaltó la entrada de significativas diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, aspecto que no figuraba en el esquema previo, lo cual resta competitividad al sector industrial y genera una evidente discriminación entre sectores productivos en el país.

El sindicato industrial reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los servicios esenciales y, a la vez, hizo un llamado a la CAASD a suspender la implementación de la osadía, cascar espacios de diálogo técnico para analizar el tema y conocer las iniciativas institucionales enfocadas en combatir la equivocación de plazo por parte de actores informales en el sector empresarial.

“En este proceso hemos identificado que las corporaciones de canal y alcantarillado en el país no observan criterios homogéneos para ajustar las tarifas y siquiera comparten los estudios técnicos que justifican sus decisiones, contrario a lo que disponen las leyes vigentes. Esta situación afecta directamente al sector industrial, siendo este un tema de interés franquista que debe ser tratado con la responsabilidad y aprieto que amerita, considerando el impacto que tiene en los precios de los productos de primera exigencia en el mercado”, concluyó Pujols.