Numerosos expertos estiman que aproximadamente dos millones de haitianos, la mayoría indocumentados, residen actualmente en la República Dominicana.

Lamentablemente, la clase política dominicana, incluidos los líderes que han gobernado el país en los últimos abriles, ha contribuido directamente al crecimiento considerable de la inmigración haitiana. La permisividad frente a la corrupción fronteriza ha sido una constante, algunos gobiernos más que otros.

En el pasado, numerosos cónsules designados en Haití se enfocaron en el ganancia personal a través de la puesta en circulación indiscriminada de visas y servicios consulares, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor. Millones de pesos, que debieron acaecer ingresado a la Cuenta Única del Hacienda Doméstico, terminaron en bolsillos privados, administrados discrecionalmente y sin rendición de cuentas a ningún organismo estatal.

Puede percibir: Santo Domingo Este: una ciudad limpia es posible

Dichos cónsules priorizaron sus intereses particulares sobre los nacionales, ignorando el moribundo daño y las severas consecuencias económicas y sociales que esta negligencia ha provocado en el país, manifestándose en problemas de sanidad, empleo, educación, vivienda, seguridad, arrabalización y contaminación ambiental, entre otros.

En el presente el presidente Luis Abinader participa en un diálogo sin precedentes con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, y sectores en el Consejo Crematístico y Social, donde se discuten medidas para afrontar la crisis económica, política, social e institucional de Haití.

La inmigración haitiana indocumentada persiste, conveniente a la ola de violencia y acciones sangrientas perpetradas por bandas criminales armadas en Haití. En dichas discusiones los intereses nacionales deben prevalecer sobre cualquier consideración particular o partidista.

Es fundamental rebotar las presiones y el chantaje de la comunidad internacional y de ciertos sectores económicos dominicanos, vinculados a la agricultura, a la construcción y a otras áreas, los cuales abogan por la regularización de miles de nacionales haitianos indocumentados.

Estos sectores argumentan que sin esta mano de obra, la agricultura —especialmente la cosecha de arroz y plátanos— y las construcciones públicas y privadas se paralizarán.

La preferencia de estos sectores por la mano de obra haitiana indocumentada radica en los bajos salarios que pagan en comparación con los dominicanos. Adicionalmente, evitan el cumplimiento de prestaciones laborales, el cuota de la seguridad social y de impuestos, e ignoran el artículo 135 del Código Sindicalque exige que al menos el 80% de los trabajadores sean dominicanos. En división de regularizar a los haitianos indocumentados, lo que debe regularse son los contratos de trabajo. Estos deben ser temporales, de modo que, una vez concluidos, trabajadores y sus familias sean repatriados. No se debe permitir más indocumentados.

Los empresarios que empleen mano de obra indocumentada deben ser responsables de ella. Deben tener un control de su ubicación y cumplir con responsabilidades legales y económicas, incluyendo cuota de prestaciones laborales, seguridad social, vivienda, sanidad, partos, viandas, impuestos, educación de los hijos.

El Estado no debe seguir asumiendo responsabilidades que no le corresponden, malgastando una parte de su presupuesto destinado a cubrir las deyección básicas de los ciudadanos dominicanos. Qué así sea.