Santo Domingo.- El presidente del Consejo Franquista de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó que el Gobierno no cuenta con los fortuna suficientes para responsabilizarse una indexación salarial, señalando que cualquier audacia en esa cadeneta debe discutirse interiormente de un pacto fiscal que incluya a todos los sectores.

Marranzini recordó que el sector privado ha superpuesto incrementos salariales de “más de un 60% en los últimos cuatro primaveras”, aunque la inflación acumulada mantiene la presión sobre los ingresos.

Advirtió que una indexación asumida por el Estado tendría un costo cercano a 20 mil millones de pesos, una emblema que, según dijo, el Gobierno no puede cubrir sin cambios estructurales: “Si eso se hiciera, esos fortuna tendrían que salir de alguna parte.

Por eso debe discutirse interiormente de un pacto fiscal, con todos los sectores, partidos políticos, patronal y Gobierno”.

El dirigente empresarial explicó que 2024 ha sido uno de los primaveras de último crecimiento financiero “quitando el año de la pandemia”, con proyecciones entre 2% y 2.5%afectadas por incertidumbre total, altas tasas de interés y variaciones cambiarias.

Aún así, valoró las medidas fiscales y monetarias que han mantenido la estabilidad e indicó que el primer trimestre de 2026 será “sustancialmente mejor”, con un posible retorno a un crecimiento entre 4% y 5%.

Relación sinalagmático con EE. UU. y temas laborales

Marranzini destacó el discurso de la embajadora estadounidense Empleo Camposcalificándolo como “uno de los más claros y contundentes en primaveras”, al explicar prioridades como comercio, seguridad y cooperación.

Igualmente respaldó el acuerdo que permitirá a EE. UU. usar infraestructura aeroportuaria dominicana para fines técnicos contra el narcotráficoconsiderándolo una cooperación natural entre aliados.

Sobre el mercado gremial, reiteró que el patronal postura por vigorizar la mano de obra dominicana mediante educación y tecnificación, y resaltó que la embajadora Campos fue enfática en rehusar prácticas diplomáticas pasadas que afectaron a empresas como Central Romana.