La autora es abogada. Reside en Santo Domingo.

Por paola belliad

En esta Era digital, las redes sociales han emergido como la nueva plaza, un puesto donde millones ejercen su derecho a opinar, pelear y denunciar.

No obstante, este panorama igualmente ha puesto de relieve una creciente tensión entre la autogobierno de expresión y los mecanismos de control, censura y manipulación que son impulsados tanto por gobiernos como por las plataformas tecnológicas mismas.

La autogobierno de expresión es un derecho humano fundamental, obligado en tratados internacionales y en constituciones de democracias. Sin confiscación, en el entorno de las redes sociales, este derecho parece estar siempre en una especie de negociación.

¿Quién tiene la autoridad para determinar qué se puede opinar y qué no? ¿Hasta qué punto puede una empresa privada restringir el discurso conocido? Y, ¿qué rol juegan los algoritmos en hacer que ciertas voces sean visibles o invisibles?

En países como la República Dominicana, hemos observado cómo figuras públicas, periodistas y ciudadanos han sido objeto de campañas de difamación o censura digital. A menudo, bajo el pretexto de combatir el “discurso de odio”, se silencian opiniones que son completamente válidas. En otros casos, se permite que circulen parte falsas que dañan reputaciones sin que haya consecuencias.

Esta equívoco es peligrosa, ya que transforma la autogobierno de expresión en un privilegio que depende de intereses políticos, económicos o ideológicos. Encima, el anonimato en redes ha generado una crisis de responsabilidad. Muchos se esconden tras perfiles falsos para insultar, amenazar o manipular, sin enredar las repercusiones de sus acciones.

Es crucial no confundir la autogobierno de expresión con la impunidad. Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho conlleva igualmente responsabilidades: interpretar de buena fe, respetar la dignidad de los demás y contribuir a un debate tolerante.

Las redes sociales no son enemigas de la autogobierno; sin confiscación, siquiera son neutrales. Son espacios regulados por empresas que responden a intereses globales. Por ello, es urgente que los Estados aseguren que sus ciudadanos puedan expresarse independientemente, sin temor a represalias o censura arbitraria.

La posibilidad no radica en imponer mordazas, sino en educar sobre el uso responsable de la palabra. En definitiva, la autogobierno de expresión en redes sociales debe ser defendida con firmeza, pero igualmente con inteligencia.

No solo se debe exigir el derecho a cuchichear; es necesario construir una civilización digital donde el respeto, la verdad y la variedad de ideas sean los pilares de una ciudadanía activa y consciente.

paolabelliard@gmail.com

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