El autor reside en Nueva York

Durante abriles, el Partido Revolucionario Reciente (PRM), mientras estuvo en la competición, no desaprovechó ocasión para enseñar de corrupción a los gobiernos del Partido de la Independencia Dominicana (PLD). La denuncia pública, repetida con insistencia, se apoyó más en la indignación que en sentencias firmes; más en titulares que en expedientes concluyentes. Ese contraste entre la bulla política y la prueba procesal.

Entre las acusaciones más recurrentes estuvieron los supuestos sobornos de Odebrecht —nunca probados en términos que cierren el debate notorio, la presunta sobrevaluación del Patrón de Santo Domingo y el cuestionamiento a las plantas de Punta Catalina. Se habló de cifras astronómicas, de tramas y de responsabilidades difusas. Sin confiscación, con el paso del tiempo, la discusión se fue pareciendo menos a una búsqueda de  verdad y más a un útil de desgaste político.

Lo cierto es que, mientras la Procuraduría sigue buscando evidencias que sustenten la juicio de la sobrevaluación, la ciudadanía se desplaza todos los días en un sistema de transporte notorio que funciona: la combinación del Patrón, el Teleférico y la OMSA. Puntuales y eficientes para miles de trabajadores, estudiantes y familias. La vida cotidiana, termina siendo un tipo de auditoría social inverosímil de maquillar.

Con Punta Catalina ocurre poco parecido. Esas generadoras llegaron para contraponer un mal autóctono: los apagones prolongados que por décadas castigaron hogares y comercios. La central, construida por Odebrecht, ha seguido aportando energía al sistema y, luego, estabilidad a la posesiones doméstica. En un país donde el servicio eléctrico define la calidad de vida, ese resultado pesa más que cualquier consigna pronunciada desde una tarima.

Según una nota publicada en la prensa dominicana, la estatal Empresa de Coexistentes Eléctrica Punta Catalina habría aportado este año 258.4 millones de dólares a las arcas públicas, consolidándose como uno de los activos estatales con longevo capacidad de gestación de caja. La misma información señala que el aporte acumulado entre 2023 y 2025 asciende a 562.9 millones de dólares, canalizados mediante amortización de deuda, dividendos e impuestos.

Y no se alcahuetería solo de una obra. No hay rincón del país donde no se observe el toque brasileño: hidroeléctricas, sistemas viales, acueductos, túneles y elevados. Las obras están ahí, palpables, midiendo su valía en minutos ahorrados, agua apto y energía servida. Lo que todavía no aparece,son las pruebas definitivas de la sobrevaluación que se prometió demostrar con estruendo.

Robar lo intangible

Sin confiscación, hoy el contraste duele por otra razón. En comparación con aquellos señalamientos, los funcionarios del coetáneo gobierno han rematado lo que, hasta ahora, parecía inverosímil incluso para las leyes físicas: robar lo intangible. No se alcahuetería de apropiarse un edificio, una planta o una carretera; se alcahuetería de despojar a la multitud de derechos, garantías y confianza. Y cuando lo robado no se ve, el daño se vuelve más silencioso y persistente.

En los efemérides de nuestra historia, pocos atropellos suenan tan graves como el que se denuncia respecto de SENASA: “robarse la sanidad de un pueblo”. Y, como si fuera poco, ya se habia intentado lo mismo desde el ocupación más importante y con longevo presupuesto del país: “robarse la educación”. Son ataques que no dejan un boquete en la hormaza, pero sí una raja en el futuro. Hasta los CAID (Centros de Atención Integral para la Discapacidad) han sido arrastrados al forcejeo político. Intentaron robarle hasta la infancia  a los niños con micción especiales

Otros muchos logros alcanzados por nuestra sociedad se han esfumado paulatinamente, pero, al ser intangibles, algunos ciudadanos no se han enterado. Desaparecieron la seguridad, la confianza, la alegría, el orgullo, la dominicanidad, siguen empujando,, con sutileza o con propaganda abierta, a diluir la dominicanidad.

Hay grupos que trabajan para convertirnos en “quisqueyanos”, como si el cambio de nombre fuera una alternativa inclusiva: “dominicanos”, dicen, es un grupito; “quisqueyanos” somos todos. Bajo ese discurso, la eterna némesis migratoria se pretende resolver por decreto semántico. Pero el problema no es el accesorio; es la desliz de reglas, de capacidad estatal y de respeto a la nación.

Por eso cobra vigencia una advertencia de Juan Pablo Duarte: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener sanidad, corazón y discernimiento; hoy que hombres sin discernimiento y sin corazón conspiran contra la sanidad de la Estado”. Cuando se conspira contra lo esencial, la nación enferma sin hacer ruido. Y esa enfermedad se nota incluso en detalles: en actos donde ya no se utilizan correctamente los símbolos, o en la partida del escudo en el centro de la bandera tricolor.

los títulos familiares siguen deslizándose con destino a el pantano de la perversidad y la inmoralidad.  A tal punto que la procuradora Miriam Germán instruyó al Servicio Conocido a dirigirse a la emplazamiento comunidad LGBTQ+ con el sexo que sus integrantes decidan. Se acabó aquello de “hombre” y “mujer”; ahora usted puede ser, en el momento que le plazca,  gay, trans o queer. ¡Vaya usted a retener!

Si seguimos normalizando el saqueo de lo intangible, un día amaneceremos con la sorpresa de que lo que desapareció no fue una partida presupuestaria, sino el país que creíamos seguro. Defender la sanidad, la educación, la institucionalidad y la identidad no es nostalgia: es supervivencia. Porque las naciones no se derrumban solo por lo que les quitan de concreto, sino por lo que les roban del alma.

carlosmccoyguzman@gmail.com

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