El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Al enterarme de que el Poder Ejecutante había sometido al Congreso un plan de Ley para regular la confianza de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales en RD, sentí cierta satisfacción al pensar que con esa cuchitril estaríamos dando pasos firmes en la consolidación del derecho que tiene toda persona a “expresar autónomamente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”, conforme lo establece la Constitución de la República.

En la medida que le daba repaso a dicho plan, en esa misma medida se iba diluyendo en mí la esperanza de que pudiéramos contar con un mecanismo idóneo, transparente e imparcial que pudiera certificar mínimamente el venerable derecho a expresarse autónomamente, y sin ataduras, que tenemos los dominicanos.

Varios nociones pudieran sustentar esa impresión nuestra, pero, la que entendemos de veterano relevancia lo es la composición que prevé el plan respecto al Consejo Directivo que integrará el Instituto Franquista de Comunicación (INACOM).

Dicha propuesta establece en su artículo 38 que “el Consejo Directivo del Instituto Franquista de Comunicación (INACOM) estará integrado por cinco (5) miembros designados por el Senado de la República, de ternas de candidatos presentadas por el Presidente de la República…”.

Evidentemente, que con ese planteamiento estaríamos en presencia de un organismo dependiendo, casi directamente, del Presidente de la República, quien, con el más suspensión nivel de discrecionalidad, podrá preseleccionar, entre sus más cercanos allegados y colaboradores, quiénes podrían formar parte de dicho Consejo Directivo, incluso, de la Presidencia del mismo.

Uno de los cuestionamientos que siempre se le ha hecho a la Comisión Franquista de Espectáculos Públicos y Radiofonía, ha sido, precisamente, la integración de dicha Comisión por igual cantidad de miembros (5), nombrados, igualmente, por el Poder Ejecutante, sin ninguna representación de entidades privadas que guarden vínculos con la temática de que proxenetismo.

No nos oponemos a que el Estado, a través del Poder Ejecutante, esté debidamente representado en el Consejo Directivo del INACOM, pero debe de garantizarse ahí una representación además de la sociedad civil, las empresas de radiofonías, los sindicatos, los influencers, en fin, de todo aquel que, de una u otra forma, inciden en la producción de contenidos informativos, educativos, de entretenimiento, o de cualesquiera otras índoles.

Con una debida conformación de dicho Consejo Directivo, donde prime el invariabilidad, la imparcialidad, la igualdad, la inclusión y la transparencia, estaríamos dando el primer paso para certificar a la población una efectiva regulación de la confianza de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales en nuestro país, fuera de todo tipo de especulación, dudas, apasionamientos, y, sobre todo, al beneficio de todo tipo de politiquería.

Jpm-am