La Suprema Corte de Rectitud (SCJ) continúa a la paciencia de que la Procuraduría Común de la República (PGR) presente formalmente las acusaciones contra tres diputados señalados por su presunta vinculación con redes de lavado de activos de actividades provenientes del narcotráfico y actos de corrupción.

Los legisladores a los que el Empleo Divulgado anunció que sometería son: Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago) y Faustina Belicoso Cabrera (PRM-Hato Veterano), uno y otro vinculados a la Operación Falcón, y SErgio “Gey” Moya (Nacinación Distriada por PRM)incluido en el expediente de la Operación Calamar.

A pesar de los anuncios iniciales, el Empleo Divulgado aún no ha cumplido con la presentación de la cargo formal en presencia de la SCJ.

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Una fuente de parada nivel de la SCJ indicó a N digital que los expedientes “se encuentran a la paciencia de presentación de solicitudes y/o cargo por parte de la PGR”, tal como establece el Artículo 294 del Código Procesal Penal (CPP).

Dicho artículo señala que, “Si el Empleo Divulgado considera que existen fundamentos suficientes, debe presentar la cargo solicitando la tolerancia del causa”. Sin retención, han pasado casi cuatro primaveras sin que ese paso se concrete.

¿Desliz de pruebas o yerro de voluntad?

La inacción ha generado interrogantes: ¿Acaso el Empleo Divulgado no cuenta con pruebas sólidas para sustentar las imputaciones?.

La yerro de cargo contrasta con la amplia exposición pública que se hizo en su momento de los vínculos de estos congresistas con presuntas redes criminales.

El Artículo 296 del CPP indica que una cargo debe incluir datos que permitan identificar al imputado, una narración precisa y detallada del hecho punible atribuido, así como la billete específica del destacado.

Igualmente debe contener una saco jurídica y fáctica que la sustente, incluyendo la descripción de los fundamentos de prueba que la motivan, la calificación procesal del hecho, y el ofrecimiento de pruebas, como testigos, peritos y demás evidencia que se presentará en causa.

Hasta ahora, el Empleo Divulgado no ha presentado nadie de estos fundamentos en presencia de la Suprema Corte.

Fue en septiembre de 2021 cuando la entonces procuradora adjunta y presente procuradora común de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció que sometería en presencia de la SCJ a los diputados Marmolejos Gil y Belicoso Cabrera.

En abril de 2023, se hizo un anuncio similar respecto al diputado Sergio Moya, solicitado para ser auditoría en instrucción distinto por su vínculo con la Operación Calamar.

Incluso, el 16 de septiembre de 2021, la SCJ designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como sentenciador de instrucción para estos casos.

Luego, el 19 de enero de 2024, Justiniano Montero fue designado en su oportunidad, luego de que Estévez fuera promovido a presidente del Tribunal Constitucional.

Desde entonces, no ha habido ninguna influencia concreta por parte del Empleo Divulgado para avanzar con el proceso sumarial.