Santo Domingo, 10 jul.- El Instituto Doméstico de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves de que canceló 20 contratos adjudicados y a 9 personas que participaron en las licitaciones para la adquisición de utileria escolar en 2024 bajo investigación por irregularidades.

Esta nota se dio a conocer un día luego de que ayer la Dispositivo Antifraude de la Contraloría Común de la República y la Dirección Común de Contrataciones Públicas (DGCP) indicaran que se habían detectado graves violaciones a la legislatura en tres procesos de oferta pública del Inabie, por lo que el expediente completo había sido remitido a la Procuraduría Común de la República (PGR) para los fines legales correspondientes.

Empleados cancelados

En un comunicado, el Inabie detalló que entre los 9 colaboradores que participaron en las licitaciones cancelados de la institución se encuentran peritos responsables de las evaluaciones técnicas.

Recordó que la propia dirección ejecutiva de la institución fue la que solicitó a la DGCP y a ProCompetencia el extras para investigar posibles irregularidades en esos tres procesos de oferta de aperos escolares.

Según la entidad, hasta el momento las evaluaciones realizadas no han evidenciado afectación de derechos y no se han recibido impugnaciones por parte de los oferentes ni en la institución ni en la DGCP.

SUSPENDEN CERTIFICACION CONTRATOS

Frente a esta situación, además se dispuso la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas, sin que se haya llevado a extremo desembolso financiero alguno vinculado a los contratos de compañías denunciadas en estos procesos, «en salvaguarda de los bienes públicos», agregó la nota.

El Inabie reafirmó que seguirá colaborando con la investigación en curso, que ha respondido puntualmente a cada una de las solicitudes realizadas por la DGCP y la Dispositivo Antifraude de la Contraloría relacionadas y hará lo propio con cualquier información que pueda requerir la PGR.

PRINCIPALES VIOLACIONES

De acuerdo con la DGCP y la Dispositivo Antifraude, entre las principales violaciones identificadas en los procesos se encuentran la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la billete de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.

Igualmente se detectó una «preocupante equivocación de similitud en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados».

Encima, se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, en concreto actos de colusión entre oferentes, y se observó la billete directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.

Entre otros puntos, se identificaron inconsistencias entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones, así como indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que podría deber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes.

de am