Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Seguro Doméstico de Sanidad (Senasa)

SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal del caso Lobo, integrada por militares y civiles, cometieron maniobras fraudulentas utilizando documentos inconsistentes para obtener contratos de servicios de seguridad privada.

Entre estos figuran certificados de no cotizantes, licencias vencidas y constancias de capacitaciones inexistentes.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Empleo Sabido, se pide prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea claro enrevesado. Entre los señalados se encuentra el anciano universal retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Papada, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez.

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Incluso están implicados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Doméstico, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

En la instancia acusatoria, el Empleo Sabido menciona a varias empresas vinculadas a los imputados: Servicios Doméstico de Seguridad Integral SRL (SENASE); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Crío Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

La compañía Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez

La empresa Magesty Recycling SRL, asi como la compañía Magesty Recycling SRL, de los imputados Bolívar Nicolás Fernández Espinal Belky Antonia Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, ambas ubicadas en Santiago.

Estas compañías habrían sido utilizadas como parte de la estructura criminal para ejecutar maniobras ilícitas, obtener contratos de seguridad privada con instituciones públicas y proporcionar el plazo de sobornos, con el fin de desviar fondos del Estado.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Doméstico de Sanidad (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur, generando un perjuicio crematístico superior a RD$108 millones.

El peña está imputado por los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros cargos.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Doméstico, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los militares y civiles imputados. La magistrada tomó esta audacia para permitir que los abogados defensores estudien el expediente y preparen sus alegatos.