El Tarea Notorio presentó imputación formal contra los implicados en la estructura de corrupción del caso Camaleón, conforme a su décimo en los actos ilícitos cometidos internamente del Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terreno (Intrant), institución afectada por estafa, fraude y otros delitos.

El víscera acusador imputa a José Encanto Gómez Canaán (Jochi Gómez) como beneficiario efectivo de los contratos fraudulentos suscritos con las empresas Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. A través de su empresa Aurix S.A.S. controló de forma fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia, encima de contrabandear equipos para espionaje durante las elecciones celebradas en la pandemia del COVID-19. Asimismo utilizó PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente.

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La incriminación establece que Jochi Gómez fue el principal responsable del boicot a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024. Se le imputan los delitos de lavado de activos, boicot, espionaje, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, robo de identidad, contrabando, falsificación de productos regulados y violación a la Ley de Armas.

A Hugo Beras, exdirector ejecutor del Intrant, se le imputa tener dirigido y calificado la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica para ejecutarlos. Durante su encargo, manipuló los procesos de concurso y facilitó la décimo de empresas de carpeta que desviaron fondos del Estado.

Se le acusan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios y fraude en perjuicio del Estado.

El imputado Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras delante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Influyó para que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas al entramado corrupto, manipulando los procesos de concurso y beneficiando a los demás imputados. Es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue habitación secreto en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de los sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.

Por otra parte, falsificó certificaciones en las que constaba que el Intrant había recibido los intereses y servicios contratados, con el fin de documentar pagos irregulares. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación de documentos.

Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director oficial y financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que afirmaba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de concurso. Sin incautación, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin los posibles requeridos.

Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación.

Asimismo, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Gómez Canaán, fungió como prestanombre en Transcore Latam S.R.L. y fue secreto en la supervisión del centro de control. Tras renunciar, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de la empresa, participando en la concurso pública franquista.

Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos, boicot a la red semafórica, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado y contrabando.

Asimismo se acusa a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L., de fungir como testaferros de Jochi Gómez, ocultando su verdadera identidad como propietario y beneficiario de la empresa. Se les imputan los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores.

Finalmente, Henry Darío Féliz Casso, colaborador directo y asistente personal de Jochi Gómez, actuó como intermediario financiero en las operaciones de lavado y desvío de fondos públicos. Movilizó títulos millonarios sin respaldo financiero, actuando en nombre de Gómez y recibiendo los posibles sustraídos. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores y lavado de activos.

Los hechos fueron cometidos a través de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas vinculadas a la red de corrupción del caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día