El autor es graduado en Posesiones y Contabilidad. Reside en Santo Domingo

POR RAFAEL RAMÍREZ MEDINA

En la primera parte de este artículo analizamos cómo el sistema tributario dominicano ha sido moldeado por impuestos transitorios que se volvieron permanentes.

En esta segunda entrega, profundizamos en otro tipo de incoherencia igual o más dañina, aquella que castiga sin medida al contribuyente que cumple y premia con indulgencia al que incumple.

Remunerar impuestos debería ser un acto de responsabilidad ciudadana, no un castigo. Sin retención, la modo en que el Estado gestiona las sanciones tributarias ha convertido la relación con los contribuyentes en una dinámica de desconfianza. En circunstancia de promover cumplimiento, el sistema impone temor, porque incluso los errores menores son tratados como faltas graves.

Un ejemplo claro de esa desproporción es la mora tributaria. Si hoy no pagas un impuesto a la DGII y lo haces mañana, la penalidad será la misma que si lo pagaras treinta días luego. No hay criterio de proporcionalidad ni sentido de honestidad. Esa habilidad convierte la delegación tributaria en un sistema punitivo, no educativo, donde el fin es percibir sin mirar las causas ni los contextos.

En un país donde los ingresos promedio son bajos y la solvencia empresarial es limitada, ese tipo de condena inflexible es más un obstáculo que un incentivo. Lo natural sería que la mora se aplicara de forma progresiva, proporcional al tiempo de postergación, y no como una penalidad uniforme que asfixia tanto a individuos como a pequeñas empresas.

Esa rigidez demuestra que el sistema no está diseñado para juntarse al contribuyente, sino para exprimirlo. Mientras tanto, los grandes evasores y deudores logran acuerdos, facilidades o condonaciones.

La desigualdad en la aplicación de la ley tributaria se ha vuelto una constante que debilita la credibilidad del Estado.

Pero el problema no termina en las tasas ni en las moras. Lo más preocupante es la abandono de liderazgo cívico en este debate. No vemos a los economistas, contadores ni académicos mecanizar un movimiento ciudadano que exija proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas en materia tributaria. El silencio técnico se ha vuelto cómplice del descontento social.

El pueblo está cansado de abonar caro por servicios mediocres, de soportar impuestos que se justificaron como temporales y que hoy son permanentes, y de ser sancionado con dureza mientras el Estado dilapida sin consecuencias. Esa es la raíz de la entretenimiento decente, la gentío no evade por rebeldía, evade por frustración.

El sistema tributario dominicano necesita más pedagogía y menos castigo. La educación fiscal debería ser parte de una política pública sostenida, no solo una campaña de cobranza.

Un ciudadano informado y consciente paga por convicción, no por miedo a la multa. Pero para eso, el Estado debe demostrar que sabe dirigir con ética lo que exige con severidad.

Una delegación tributaria moderna no se mide por cuánto recauda, sino por cuánta confianza genera. La honestidad fiscal no depende solo de las tasas, sino de la coherencia del trato.

Castigar a todos por igual, sin distinguir intenciones ni magnitudes, es una forma sutil de injusticia institucionalizada.

Si el Estado quiere blindar la civilización del cumplimiento, debe iniciar por dar ejemplo, devolver a tiempo, compensar los errores propios y aplicar las reglas con proporcionalidad.

Solo así podrá recuperar su autoridad decente para cobrar, porque la legalidad no se impone, se anhelo.

La verdadera reforma fiscal no está en nuevas leyes ni más impuestos, sino en restaurar la confianza. Mientras no cambie la deducción de castigo y silencio, el sistema seguirá alimentando la entretenimiento que dice combatir.

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