El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

Nuestro país se enfrenta actualmente a un problema aborigen que, acullá de resolverse, parece agravarse con cada cambio de gobierno: la improvisación en su sistema de transporte.

El tránsito en la República Dominicana, sobre todo, en el Gran Santo Domingo, se ha convertido en una problemática estructural que afecta la movilidad de la población y la eficiencia del transporte, a la vez que deteriora la calidad de vida de todos los dominicanos.

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, los esfuerzos institucionales realizados y las reformas legales que se vienen impulsando, la población percibe que el transporte urbano en la República Dominicana sigue siendo uno de los sectores más caóticos y vulnerables del país.

Hilván con observar el “día a día” en nuestras calles y avenidas para constatar la abandono de planificación sostenible. Cada cierto tiempo, surge una medida “mágica” para resolver el desorden vehicular: nuevos corredores improvisados, rutas cambiadas sin consulta previa, operativos de control que duran tan pronto como semanas, cambios de horarios laborales, o la repentina restricción de voltear a la izquierda en algunas intersecciones con gran flujo de transporte.

Estas decisiones se toman, casi siempre, sin estudios técnicos rigurosos, sin billete ciudadana, sin contar el impacto que, a mediano o prolongado plazo, esas medidas pudieran difundir; pero, sobre todo, con una clara desconexión de los actores principales del transporte (choferes, sindicatos, usuarios).

Patrón constante

Lamentablemente, el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terreno (INTRANT) ha venido sustentando su gesticular en los últimos abriles en un patrón constante: la improvisación.

Hemos sido testigos de una dependencia de decisiones precipitadas que, acullá de resolver los problemas de movilidad, los agudizan.

La improvisación asimismo se nota en la equivocación de integración y coordinación entre los diferentes medios de transporte. Mientras en otros países de la región se planifican redes interconectadas (metros, autobuses, teleféricos, ciclovías), en la República Dominicana cada sistema parece diseñarse de forma aislada, sin intermodalidad, ni criterios unificados de cuota, horarios o frecuencias.

Otro aspecto preocupante es la equivocación de coherencia entre lo anunciado y lo ejecutado. Se presentan campañas de educación viario mientras, simultáneamente, se colocan semáforos mal sincronizados y se instalan señales confusas, al ganancia de la equivocación de inteligencia y astucia de los agentes de DIGESET en el control y supervisión de la circulación vehicular.

Todo esto revela un problema estructural: la política de transporte dominicano suele acatar del corto plazo, de parches que buscan respuestas inmediatas (y a menudo mediáticas), sacrificando la sostenibilidad.

Resulta impostergable que las autoridades —unido con los transportistas, urbanistas y la sociedad civil— asuman con seriedad la tarea de construir un sistema de transporte planificado, efectivo, seguro y ambientalmente sostenible. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo interminable de improvisaciones, pagando el precio en tiempo perdido y lozanía deteriorada.

El país necesita una política de transporte seria, sostenida y participativa. No se proxenetismo sólo de modernizar autobuses, pintar ciclovías, programar horarios o no doblar a la izquierda, se proxenetismo, más admisiblemente, de crear un sistema planificado, que sea inclusivo, participativo, sostenible y conectado con las deposición reales de la población.

El transporte no puede seguir siendo rehén de decisiones momentáneas o de intereses particulares. El gobierno, a través del INTRANT está llamado a liderar una transformación profunda, pero para eso debe dejar la improvisación constante como maniquí de dirección.

La ciudadanía merece un transporte digno, seguro y eficaz. La improvisación, por el contrario, solo nos lleva al retroceso, al caos y a la desesperación.

Jpm-am