El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico -Quique- Antún Batlle, atribuyó a la improvisación en las causas de las interrupciones en el servicio energético que se vienen registrando en todo el país, afectando a los diferentes sectores de la población.

Sostuvo en ese sentido, que la improvisación energética “es un costo que siempre paga el pueblo”.

Dijo que el endeudamiento flagrante es la consecuencia directa de no favor planificado con suficiente adelanto la entrada de nueva vivientes, la modernización de las redes y el exposición de almacenamiento integrado a los proyectos renovables.

“En otras palabras, la coyuntura que hoy obliga a decretos de excepción es fruto de una planificación insuficiente e improvisada”, agregó.

Antún Batlle entiende que el sector eléctrico no puede necesitar permanentemente de parches ni de medidas de ocasión, “pues cada improvisación termina siendo más costosa que una planificación adecuada”.

Explicó que se necesita una política energética de Estado, coherente y estable, que priorice la eficiencia, la diversificación y la sostenibilidad.

De no hacerlo -prosiguió diciendo-, cada cierto tiempo nos veremos obligados a repetir el mismo ciclo: decretos de emergencia, altísimas inversiones y compras apresuradas, sin los controles que nos aparten de toda duda y una maduro carga fiscal que finalmente recae sobre el pueblo dominicano.

El dirigente reformista resaltó, en sus declaraciones a la prensa, que la electricidad es, sin puesto a dudas, un servicio importante que sostiene el tejido productivo y social de la República Dominicana.

Señaló en ese orden, que cada valor en este sector debería ser fruto de una planificación rigurosa, transparente y de liberal plazo, “pues de ello depende no solo la estabilidad económica, sino además la calidad de vida de millones de dominicanos”.

Sobre el decreto 517-25

Igualmente, se refirió al decreto número 517-25, emitido la semana pasada por el presidente Luis Abinader, del que dijo que “aunque justificado en la necesidad de evitar un desabastecimiento, transmite la sensación de reponer más a la inmediatez que a una táctica estructurada y coherente”.

Quique Antún señaló que el decreto define como prioridades la contratación de nueva vivientes térmica de respuesta rápida, la instalación de baterías independientes (stand-alone) y la autorización a las distribuidoras para ejecutar compras masivas y proyectos de rehabilitación de redes bajo la figura de la emergencia.

“A primera presencia, estas medidas parecen razonables para desavenir una coyuntura apremiante; no obstante, cuando se examinan en detalle, dejan atisbar serias debilidades en materia de planificación y riesgos significativos para las finanzas públicas y la transición energética”, apuntó.

Agregó que dicho decreto, aunque justificado en la necesidad de evitar un desabastecimiento, “transmite la sensación de reponer más a la inmediatez que a una táctica estructurada y coherente”.

El presidente del PRSC explicó que un primer aspecto de preocupación surge del artículo 1, idéntico c, que faculta a las empresas distribuidoras a cazar materiales, equipos y repuestos de guisa acelerada.

Recordó al respecto, que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones establece que la excepción de emergencia solo puede invocarse en situaciones extraordinarias de fuerza maduro, aquellas que representen un peligro inmediato para la vida, la seguridad pública o la posesiones franquista.

“Extender esta figura a procesos de compras masivas en las distribuidoras abre un espacio amplio de discrecionalidad. En un contexto de grandes volúmenes de contratación, este mecanismo puede derivar en sobrecostos, ineficiencias y desidia de controles efectivos, generando un precedente preocupante para el manejo del tesoro”, dijo.

Quique Antún manifestó que otro punto mono es la inclusión de la Empresa de Concepción Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) entre las instituciones facultadas para suplir vivientes térmica.

Entiende de que esta disposición resulta, cuando menos, contradictoria, ya que no solo desconoce la naturaleza propia de EGEHID como entidad de vivientes hidroeléctrica, “sino que envía un mensaje de improvisación y desidia de claridad en la definición de los roles de cada empresa pública del sector”.

“En materia financiera, la preocupación es aún maduro. El subsidio eléctrico para el año 2025 se proyecta en torno a los 1,600 millones de dólares, sigla que compromete seriamente la sostenibilidad de las cuentas fiscales”, destacó.

Siguió diciendo que insistir en soluciones basadas en vivientes térmica, con combustibles cada vez más costosos y volátiles, y en compras de emergencia por parte de las distribuidoras, “no hará más que incrementar esta carga, desplazando fortuna que el país necesita urgentemente en educación, vitalidad e infraestructura social”.

Igualmente citó el artículo 7 del decreto, que declara de interés franquista la ampliación de la matriz, lo que dijo “representa una oportunidad perdida”.

Su redacción es tan común -agregó-, que deja a la interpretación la inclusión de energías renovables, sin saludar un mandato claro para priorizarlas. En puesto de remitir una señal persuasivo cerca de la diversificación sostenible, se envite a soluciones coyunturales que no fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico frente a choques futuros.

Termina diciendo que la conclusión inapelable es que la verdadera emergencia no se origina nada más en factores externos, como el cambio climático o el crecimiento de la demanda, “sino además en la desidia de previsión acumulada durante primaveras”.