Las principales cadenas de supermercados del país elevaron atractivo sólido en presencia de la Comisión de Defensa Comercial (CDC): suspender de inmediato el proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, al considerar que el expediente avanza con fallas tan profundas que se ha convertido en un procedimiento “jurídicamente insostenible” y que coloca al sector importador en un estado de indefensión incompatible con el conveniente proceso.

La comunicación, suscrita por Centro Cuesta Doméstico, Rama Ramos, Hipermercados Olé y Colérico, sostiene que desde el inicio de la etapa investigativa la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y desatiendo de información que impide evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.

Los importadores afirman que ni ellos ni el resto de los interesados han tenido llegada a documentos esenciales del expediente, incluidos los anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencia que supuestamente sustenta el “daño trascendental” alegado por las empresas solicitantes, pese a que la propia Ley 1-02 obliga al organismo a proveer el expediente íntegro para su examen. Esta abandono, señalan, ha sido reconocida incluso por el propio Área de Investigación de la CDC, que admitió requerir aclaraciones adicionales a las empresas solicitantes .

La novelística expuesta en el documento muestra que el problema es longevo que una simple desatiendo administrativa: según los importadores, la CDC está conduciendo una investigación cuyo objeto ni siquiera ha sido debidamente delimitado. La descripción del producto bajo prospección galletas dulces y saladas de casi todas las variedades imaginables, industriales o producidas en masa es, a litigio de los peticionarios, tan amplia que impide cualquier prospección serio sobre incrementos de importación, comportamiento de precios, competencia o impacto sectorial.

Esa imprecisión, advierten, no solo hace irrealizable objetar técnicamente a la investigación, sino que compromete la validez jurídica de cualquier conclusión posterior del víscera.

A esta situación se suma un tipo que los importadores califican como “crítico”: el plazo para completar los formularios exigidos por la norma vence el 25 de noviembre, pero los fundamentos indispensables para satisfacer los estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales nunca fueron puestos a disposición de las partes.

En otras palabras, el Estado estaría exigiendo información compleja que solo puede completarse con documentos que la propia autoridad no ha entregado. El resultado, insisten, es un obstrucción rotundo al derecho de defensa.

La preocupación expresada por el sector es que este tipo de fallas no solo afectan a las empresas involucradas, sino que ponen en aventura la licitud del proceso, los derechos constitucionales de los actores económicos y, en última instancia, la seguridad jurídica del país. Emitir una medida en estas condiciones, explican, podría vulnerar principios básicos como la igualdad en presencia de la ley, la razonabilidad administrativa y la autogobierno de comercio. Más aún, podría exponer al Estado dominicano a responsabilidad patrimonial, sanciones disciplinarias y cuestionamientos internacionales.

Por todo ello, los importadores solicitan que el Pleno de Comisionados suspenda de forma urgente y temporal el procedimiento hasta que se establezca con claridad qué productos se investigan, se entregue el expediente completo con todos sus anexos confidenciales y no confidenciales y se ajusten los plazos a la ingenuidad del proceso.

La petición va acompañada de un llamado a la prudencia institucional: el sector asegura que confía en que la CDC ponderará el caso con rigor legal y responsabilidad, pues cualquier valentía adoptada sin cumplir con las garantías mínimas del conveniente proceso oficinista tendría artículos económicos, sociales y reputacionales de gran significación.

Mientras la CDC valora la medida provisional solicitada por los fabricantes un derechos extraordinario que podría sobrellevar los derechos de importación hasta 87.1%, crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación. Para los importadores, la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una valentía de parada impacto social tomada sobre la cojín de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.