La Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente del Distrito Doméstico impuso medidas de coerción, consistentes en garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país, contra seis integrantes de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
La Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente todavía declaró de tramitación compleja el caso.
El Servicio Manifiesto había solicitado al tribunal que impusiera a los imputados 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declarara el caso complicado, pero, la jueza Fátima Veloz dispuso una fianza económica de la ulterior modo:
RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes, y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croesadicionalmente del impedimento de salida del país y la presentación periódica.
Durante la audiencia, el Servicio Manifiesto expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.
El entraña acusador estuvo representado por los procuradores de corte Pedro Amador, Pelagio Alcántara y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Mecanismo de Propiedad Intelectual (UPI); los procuradores fiscales Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología (Pedatec) y la procuradora fiscal titular del Distrito Doméstico, Rosalba Ramos, así como las fiscales Lauridelissa Aybar Jiménez, de la Mecanismo de Comercio Ilícito adscrita a la UPI; Katiuska Serulle Serulle, enlace de la UPI, y Marineldy Peña, encargada del Área de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología.
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección Militar de Persecución del Servicio Manifiesto, con la décimo de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Doméstico y la Mecanismo de Investigación Criminal (UIC).
Asimismo, colaboraron el Área de Investigación de Crímenes y Delitos de Suscripción Tecnología (Dicat) y la División Singular de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Doméstico, con el apoyo internacional del Área de Ecuanimidad y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Doméstico (HSI) de los Estados Unidos.






