El rama amplió contratos sin autorización y omitió retenciones impositivas

SANTO DOMINGO.- Los imputados en la estructura criminal del caso Lobo realizaron sobrecostos en la facturación de servicios de seguridad privada a instituciones públicas, incluso antaño de la adjudicación de los contratos, como parte de un fraude al Estado que implicó pérdidas millonarias.

Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Empleo Divulgado, los miembros de la ordenamiento criminal, integrada por militares y civiles, lograron que diversas instituciones realizaran pagos indebidos por servicios que nunca se prestaron.

El rama amplió contratos sin autorización y omitió retenciones impositivas, lo que provocó un debilidad de los mecanismos de control y supervisión. Los directores de seguridad, encargados de avalar el cumplimiento, actuaron como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.

Pagaron sobornos para ocultar identidad de funcionarios

El documento indica que los imputados pagaron sobornos para beneficiarse de contratos en diversas instituciones públicas para servicios de seguridad privada. Utilizaban intermediarios para canalizar esos pagos y ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios, con el fin de dificultar la trazabilidad del caudal ilícito.

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Estos intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas y los servidores públicos, recibiendo los pagos y distribuyéndolos según los acuerdos preestablecidos internamente de la red criminal.

Encima, se cometieron usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, manipulación de evaluaciones técnicas, adjudicación irregular de contratos y flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales para beneficiar a los integrantes de la estructura criminal.

Los encargados de supervisar los contratos recibían sobornos para apoyar vigentes las contrataciones y activar los trámites administrativos. Esto permitió la ejecución de contratos sin objeciones ni fiscalización, favoreciendo que las empresas mencionadas en el expediente operaran con total impunidad y se beneficiaran de fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos.

Empresas implicadas

Las compañías involucradas en el caso Lobo incluyen: Servicios Franquista de Seguridad Integral SRL (SENASE); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Pibe Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, Magesty Recycling SRL, relacionada con Belky Antonia Fernández Espinal y con Fernández Espinal y Rosario Sánchez.

Estas empresas habrían sido utilizadas como parte de la estructura criminal para ejecutar maniobras ilícitas, obtener contratos de seguridad con instituciones públicas y simplificar el suscripción de sobornos, desviando fondos del Estado.

Instituciones afectadas

Entre las instituciones perjudicadas por el esquema fraudulento se encuentran: Instituto Franquista de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI); Seguro Franquista de Lozanía (SeNaSa); Empresas Distribuidoras de Electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El perjuicio financiero causado por el caso Lobo supera los RD$108 millones.

Imputado

Los implicados en este escándalo de corrupción institucionalizada son: Carlos Ambrosio Robles Díaz, viejo universal retirado del Ejército; Andrés Pacheco Varela, coronel; Luis Ernesto Vicioso Papada, coronel; Francisco Guarín Fernández, coronel; Elías Caamaño Pérez, coronel; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea; Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.

Quilvio Bienvenido Rodríguez González, patrón; Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Franquista; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil