El caso de fraude de más de 15 mil millones de pesos contra el estatal Seguro Doméstico de Vitalidad (Senasa), conforme la incriminación del Profesión Manifiesto, es la última oportunidad para creer en la efectividad del combate a la corrupción y será punto de inflexión por la indignación popular que provoca.

El entramado delictivo presentado por los fiscales supone un crimen de tal magnitud que no solo es otra sangría al fisco, sino que tiene de factor perjuicio vulnerar contra la vitalidad de miles de pacientes, con implicaciones hasta mortales, y esquilmar posibles destinados a servicios médicos a necesitados.
No es un caso de la Era del PLD.

Está fundamentado en hechos del control público del PRM, quiérase o no salpica la pulcra gobierno coetáneo y marca la camino de Pizarro y reiterada conducta del presidente Luis Abinader, al afirmar que “tengo amigos, pero no cómplices”, con respecto a la corrupción.

Este nuevo escándalo, que podría tener veterano impacto social que todos los anteriores por la naturaleza misma del perjuicio a los usuarios de SeNaSa, merece ser dilucidado en el ámbito legislativo sin contaminación política, con la veterano presteza y transparencia, y para sentar precedente de condena ejemplar.

El global de la gentío no entiende los vericuetos jurídicos y tácticas de la defensa, en colchoneta al oportuno proceso, para retrasar y desgastar el caso en la opinión pública, como ha pasado con antelación, de suerte que en presencia de el cúmulo de pruebas que afirma tener el Profesión Manifiesto, se llegue a rápida conclusión.

La voluntad común, evidenciada en la crispación social provocada por la magnitud del caso, y la firme conducta del presidente Abinader de apoyar castigo ejemplar a los responsables del robo en SeNaSa, sin importar su condición, obligan al víscera persecutor y acusador a probar y convencer a los jueces para que por primera vez se produzca una sentencia de pena máxima a la corrupción.