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República Dominicana obligó a los equipos de béisbol a crear nuevos protocolos para firmar jóvenes prospectos luego de repetidos fraudes con actas de salida adulteradas.
Nuestros pasaportes incluso han sido objeto de alerta internacional por suplantaciones e irregularidades. Pero esto ya no se alcahuetería de entrenadores o padres ambiciosos: el fraude parece estar operando desde las propias estructuras del Estado.
Esta semana no fue uno, sino dos escándalos simultáneos los que reventaron la credibilidad del sistema:
Por un banda, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, corregidor del distrito de Monserrat en Bahoruco, fue arrestado tras una persecución en Baní con un camión oficial cargado con libros robados de la Oficialía del Estado Civil de Neyba. Según la investigación, formaría parte de una red dedicada a modificar actas de salida, falsificar vínculos con personas fallecidas y pedir herencias de forma fraudulenta. Se deje incluso de conexiones con alcahuetería de personas e identidad falsa. Por otro banda, la Agrupación Central Electoral sometió a la rectitud a uno de sus propios funcionarios, inculpado incluso de alterar registros civiles con fines similares: pedir herencias usando actas manipuladas.
No son hechos aislados. Son síntomas de un sistema profundamente vulnerado, donde los documentos que deben certificar nuestra identidad han sido puestos en traspaso por manos internas, y en algunos casos, por funcionarios electos que juran servir a la pueblo.
Y aquí viene la pregunta que muchos evitan:
¿Quiénes son los 11.5 millones de dominicanos que hoy figuran con reseña de salida?
¿Somos todos quienes decimos ser, o se nos ha colado un número impreciso —pero no insignificante— de registros fabricados para delinquir, estafar, portar o suplantar?
Esto no es un llamado a la búsqueda, ni a criminalizar la pobreza ni la inmigración. Es un atractivo de sensatez.
Sin enterarse con certeza quién es quién, no hay soberanía, no hay política pública posible, no hay rectitud que funcione.
Se necesita una auditoría franquista profunda del registro civil, no para perseguir, sino para proteger.
Y se necesita voluntad para hacerlo, porque no se puede combatir lo que no se quiere ver.
Y aquí, lo hemos estado viendo —y tolerando— por demasiado tiempo.
@Abrilpenaabreu
