Por Raúl Germán Bautista.- N Investiga vuelve a poner en el centro del debate una problemática que, aunque identificada desde hace décadas, continúa sin alternativa: la yerro de un situación admitido claro que regule la saldo de bebidas alcohólicas en establecimientos no tradicionales como barberías y salones de belleza.

Desde 2003, N Investiga ha documentado cómo la ubicación de centros de quiosco de licor cerca de escuelas y universidades facilita el inicio temprano en el consumo de estas bebidas por parte de jóvenes. En 2023, se publicó un reportaje sobre un esquema de ley que buscaba regular el quiosco de licor, y otro que reveló detalles sobre “Santana Barber Shop”, un establecimiento que por otra parte de cortar madeja, ofrecía bebidas alcohólicas y bailes eróticos, lo cual fue denunciado como una forma de explotación sexual estafa.

El tema ha vuelto a crear controversia tras una intervención ocurrida la albor del domingo 27 de abril en una peluquería de Boca Chica. Este caso reavivó el debate sobre la permisología que deberían tener locales comerciales no registrados como bares o discotecas, pero que en la habilidad venden licor como si lo fueran.

Pese a que se han sometido múltiples proyectos de ley en el Congreso Franquistaningún ha sido consentido. Esto plantea interrogantes sobre la existencia de intereses económicos que podrían estar obstaculizando su aprobación, considerando que se proxenetismo de un sector que mueve miles de millones de pesos al año.

Las preguntas son muchas: ¿por qué no se aprueban estas leyes? ¿Qué opinan los dueños de salones y barberías? ¿Qué beneficios tendría implementar una regulación adecuada? ¿Y cómo contribuiría esto a la seguridad ciudadana?

N Investigatodavía, pone sobre la mesa la opacidad con la que operan algunos negocios. Aunque se registran como barberías, en la habilidad funcionan como bares sin abuso, lo que no solo incumple con normativas fiscales y municipales, sino que todavía pone en peligro a la ciudadanía.

En 2003, el entonces consejero sumarial de la Secretaría de Estado de Vigor Pública y Público Social (SESPAS), Ramón Ernesto Pérez, advertía sobre la yerro de una carta que limitara la cercanía de los centros de quiosco de bebidas alcohólicas a instituciones educativas. Hoy, 22 abriles posteriormente, la sinceridad sigue igual: no existe un situación admitido que regule la saldo de licor en barberías, salones de belleza y otros establecimientos no tradicionales.

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A lo dadivoso de estas dos décadas, se han presentado múltiples iniciativas legislativas orientadas a regular el quiosco, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente para proteger la sanidad pública y evitar el consumo en menores de vida. Sin incautación, ninguna ha sido aprobada.

Actualmente, la República Dominicana solo cuenta con el decreto 308-06, del año 2006que establece restricciones de horario para la saldo de licor: desde las 12:00 de la albor de domingo a jueves, y desde las 2:00 a. m. los viernes y sábados. Este decreto no contempla licencias ni fiscalización para establecimientos fuera del circuito tradicional de bares, discotecas y restaurantes, que son los únicos que pueden obtener permisos anuales a través del Servicio de Turismo.

Según Darwin Marte, encargado de Litigios del Servicio de Interior y Policíasu institución solo puede comprobar el cumplimiento de los horarios establecidos por el decreto. “Todavía no tenemos un texto admitido que nos otorgue atribuciones para supervisar quién vende licor o no”, señaló.

La senadora Aracelis Villanueva, de San Pedro de Macorís, advierte que el decreto actual es inconstitucional, ya que la Constitución de 2010 establece que ese tipo de regulaciones debe hacerse por ley. Desde 2008, se han presentado varias propuestas legislativas. En 2023, se reintrodujo un esquema que había pasado de lapso en lapso sin aprobarse. El senador Santiago Zorrilla fue quien lo sometió de nuevo, y ha sido trabajado en vistas públicas con diversas instituciones.

Este esquema propone que negocios como colmados, peluquerías, salones, clubes nocturnos y bares necesiten una abuso de saldo de licor, válida por dos abriles y sujeta a renovación. Entre los requisitos: ubicación, modismo comercial ostensible, condiciones sanitarias, suscripción de impuestos y supervisión por parte del Servicio de Interior y Policía, con el apoyo de los bomberos y el Servicio de Vigor.

No obstante, pese a ocurrir sido sometido al menos cinco veces desde 2020 —la más flamante el 19 de agosto de 2024— el esquema aún demora revisión en la Cámara de Diputados. El pasado 18 de marzo, la senadora Villanueva depositó otra propuesta similar, y expresó su disposición a fusionarla con la mencionado para avanzar en su aprobación. Sin incautación, reconoció que los proyectos que llegan desde el Senado muchas veces perimen al impresionar a la Cámara de Diputados.

En 2024, el país reportó un trascendente aumento en el consumo de licor. Solo en cerveza se consumieron 21 millones de litros, el nivel más stop desde 2008. Le siguen el ron (5.6 millones de litros) y el whisky (2.7 millones), sumando un total de 29.3 millones de litros entre estas tres bebidas.

“Hay mucho trabajo, pero todavía hay iniciativas urgentes que requieren atención inmediata y a veces desplazamos otras propuestas”, explicó el senador Franklin Romero, presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado. Afirmó que no ha recibido presiones del sector licorero, aunque reconoció que se proxenetismo de una industria que genera miles de millones de pesos; solo el sector cervecero aportó el 2.7% del PIB en 2024, con RD$41,335 millones en impuestos.

Pese a la yerro de regulación, muchos negocios ya venden licor como una forma de aumentar ingresos. Apolinar De Jesús, presidente de la Unión de Peluqueros del Distrito Franquista —que agrupa a unas 400 barberías—, reconoce que en otros países como Argentina, donde trabajó, es obligatorio tener abuso para traicionar bebidas. En sus palabras: “Si yo voy a traicionar refrescos o licor, debo tener un permiso”.

Apolinar de Jesús admite ocurrir incursionado en la saldo de licor en su peluquería en los últimos 12 abriles, aunque asegura respetar los horarios establecidos en el decreto para evitar sanciones.

El vano admitido persiste porque el decreto presente no menciona ni contempla barberías y salones de belleza. “Si todos buscamos un país organizado, este tipo de cosas debe regularse”, declaró Darwin Marte, del Servicio de Interior y Policía.

Una opción viable sería que los ayuntamientos regulen estas actividades mediante permisos de uso de suelo, evitando que negocios registrados como barberías funcionen en sinceridad como bares encubiertos.

En otros países, esta regulación es clara. En México, la saldo de licor en estos establecimientos requiere permisos municipales. En España, se prohíbe consumir licor en áreas de trabajo de salones de belleza. En Suecia, Alemania y el Reino Unido, se exige una abuso específica.

En República Dominicana, con un consumo per cápita de 6.9 litros de licor puro al año —séptimo en la región según el Faja Mundial— y un 13% de la población con algún cargo de dependencia, el problema es más que evidente. Pero la respuesta legislativa sigue privado.

Encima de la yerro de transparencia en sus actividades económicas, otro desafío que enfrentan muchas barberías en República Dominicana es la exposición de menores al consumo de licor y, en algunos casos, a entornos de posible explotación sexual.

En julio de 2023, N Investiga reveló el caso de Santana Barber Shop, un establecimiento donde se permitía la entrada de menores, se vendía licor independientemente y mujeres semidesnudas ofrecían bailes a los clientes. La situación generó intranquilidad por los indicios de proxenetismo de personas y explotación sexual estafa, a pesar de los intentos de su propietario por argumentar la actividad.

Una fotografía obtenida por este medio mostraba a una zarabandista yuxtapuesto a un beocio de vida internamente del circunscrito, lo que evidenciaba la peligro del problema.

Pero este no parece ser un caso accidental. Esta semana, N Investiga identificó otro establecimiento, bajo el nombre de Mister Hair Cut y Spa, emplazado en el sector El Millón, en el Distrito Franquista. Aunque registrado legalmente desde junio de 2023 en la Oficina Franquista de la Propiedad Industrial (ONAPI) como una empresa de servicios de peluquería, estética y saldo de productos relacionados, el superficie operaría con una portada.

Miembros del equipo de investigación acudieron al circunscrito con cámaras ocultas. Al principio, todo parecía frecuente: un fígaro atendía a un cliente. Sin incautación, al consultar sobre bebidas, una empleada respondió:

“Tenemos whisky, ron, tequila y cerveza”.

Al cruzar una puerta oculta, el panorama cambiaba radicalmente. Se accedía a un segundo circunstancia, con mostrador, música y mujeres que actuaban como anfitrionas, abordando a los clientes.

Las imágenes captadas muestran a hombres consumiendo licor en compañía de mujeres, en un circunstancia que cero tiene que ver con un salón de belleza. Es claro que la marcha de regulación ha permitido que estos espacios operen como zonas grises de ilegalidad, disfrazadas de negocios lícitos.

Para Apolinar De Jesús, presidente de la Unión de Peluqueros del Distrito Franquista, estos negocios no representan al colegio profesional.

“Eso degrada lo que es nuestra clase. Si se quiere aparearse un centro noctámbulo, que lo hagan como tal, pero no bajo la portada de una peluquería”, afirmó.

Más allá del patraña comercial y la exposición de menores, la implementación de licencias claras para la saldo de licor todavía tendría un impacto en la seguridad ciudadana. Así lo sugieren estudios realizados en São Paulo, Brasil, que indican una reducción de los niveles de violencia e incluso homicidios cuando se limita la saldo de bebidas alcohólicas.

En República Dominicana, sin incautación, no se han hecho estudios similares, según reconoció Darwin Marte, encargado de Litigios del Servicio de Interior y Policía.

Frente a este panorama, la senadora Aracelis Villanueva hizo un llamado a sus colegas del Senado y a los diputados a respaldar los proyectos de ley que buscan regular la saldo de licor más allá del decreto 308-06, que solo rige horarios de quiosco.

“Este esquema no sondeo hacer daño ni poner trabas. Queremos que sustituya un decreto obsoleto y que se establezca una ley con definitivo peso admitido”, señaló.

El senador Franklin Romero, presidente de la Comisión de Interior y Policía, indicó que el tema será retomado una vez se concluya la evaluación del esquema migratorio, que actualmente tiene prioridad en la memorándum legislativa.

Esto ha generado críticas, pues da la impresión de que el Congreso solo puede enfocarse en un tema a la vez, como si las múltiples deposición del país pudieran esperar turno.

Desde el sector de peluquerías, todavía se pide ser incluidos formalmente en la discusión legislativa. De Jesús expresó:

“Ojalá se haga una ley que nos tome en cuenta, para que podamos tener lugar de la informalidad a la formalización”.

Más que un debate sobre permisos y licencias, lo que está en pasatiempo es el tipo de sociedad que la República Dominicana quiere construir: una donde impere la vigencia, se proteja a la infancia y se garantice la seguridad ciudadana, o una donde la informalidad y el descontrol sigan siendo la norma.

No se puede seguir postergando una regulación que afecta directamente la sanidad pública, la transparencia económica y la protección de miles de jóvenes. El Congreso tiene en sus manos una deuda histórica con la ciudadanía. Mientras no se actúe, algunas barberías seguirán operando como verdaderas zonas de ilegalidad, donde lo que menos importa es cortar el madeja.