Por Jacobo Colón

En un instante de franqueza inusual, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Honestidad, ha atrevido un chillido que puede encontrarse como señal de preocupación, impotencia o desesperación; el sistema de equidad en nuestro país ha colapsado.

Esta información no es solo un lamento solitario; es un dictamen crudo de una crisis que ha captado la atención de muy pocos sectores, solo vemos manifestaciones de la clase jurídica, que ve de cerca el caos diario en los tribunales.

Sin bloqueo, lo que resulta más preocupante es el silencio de otros actores esencia: el sector empresarial y político.

Pareciera que, para ellos, este derrumbe es un problema externo, como si sus esferas de poder y riqueza los blindaran de las consecuencias. Pero se equivocan rotundamente: un sistema jurídico en ruinas no discrimina; tarde o temprano, toca a todos.

Los empresarios piensan que no serán “tocado” por este colapso. ¿Posiblemente creen que sus contratos, disputas comerciales o incluso sus propios derechos estarán a excepto en un mecanismo jurídico sobrecargado y disfuncional?

Del mismo modo, los políticos, ocupados en sus denuncias y campañas, actúan como si el tema no les incumbiera. Olvidan que la equidad es el cimiento de la democracia; sin ella, la corrupción florece, la impunidad se consolida y la confianza pública se evapora.

Este desinterés no es solo miope; es valeverguista. Mientras los juristas debaten con preocupación, estos sectores permanecen mudos, como si el problema se resolviera por arte de brujería.

Pero este colapso no es un casualidad fortuito; tiene responsables claros y directos.

Lamentablemente, el propio presidente de la Suprema Corte de Honestidad, Luis Henry Molina, debería ser el primero en hacer un mea infracción.

Reflexionamos soluciones en foros y artículos como este, pero a la hora de la verdad, nadie cede contorno.

Los fiscales, en particular, son culpables de agravar la crisis; en zona de promover acuerdos conciliatorios que descongestionen los tribunales, optan por judicializar todo conflicto imaginable.

Y no contentos con eso, insisten en medidas extremas como la prisión preventiva por nimiedades absurdas: peleas entre vecinos, heridas curables en menos de 10 días, estafas de poca monta. ¡Por todo, calabozo!

Esta obsesión punitiva no sólo viola principios básicos de proporcionalidad, sino que satura las prisiones y el apilamiento, convirtiendo el sistema en un embudo interminable.

Peor aún, los jueces no actúan como contrapeso; al contrario, contribuyen al caos. Tienen la atribución de decidir «No ha zona» en casos sin méritos, pero en el 90% de las ocasiones, emiten autos de transigencia a motivo solo para «mantenerse perfectamente» con el Ocupación Sabido.

Envían acusaciones a motivo de fondo sin pruebas sólidas, ignorando el conveniente proceso y acelerando el derrumbe.

En un caso flamante del cual estuve en la mostrador de la defensa, un altercado entre “cuñados” una herida curable en 10 días, prisión preventiva, el cuñado retira la querella y a pesar de ser una “Actividad Pública a instancia privada” la Jueza de la Instrucción sorprende con un “Automóvil de transigencia a motivo”

¿Quién es entonces que está colapsando el sistema?

Otro caso que está en audiencia preliminar, una pelea entre dos hermanos, no hay heridos ni golpes, solo amenazas, los 12 hermanos se reúnen, buscan la conciliación, pero un mediador envía a uno de sus hermanos a la calabozo de Najayo, ellos quieren conciliación, pero el sistema les dice que la enemistad debe continuar.

La pregunta insalvable es, ¿quién ha hecho colapsar el sistema? En gran medida, jueces y fiscales, han creado un ciclo vicioso de sobrecarga y arbitrariedad.

No es un secreto que esta alianza implícita prioriza el «castigo» sobre la equidad valioso, ignorando que un sistema colapsado beneficia a nadie, ni siquiera a ellos mismos a dadivoso plazo.

La decisión no requiere revoluciones ni reformas constitucionales; comienza con un paso simple y concreto, una reunión urgente entre la Suprema Corte de Honestidad y la Procuraduría Normal de la República.

Y de esa reunión deben salir sendas circulares a fiscales y jueces sobre la implementación actual de las soluciones alternas, menos prisión preventiva, más motivo penal abreviado, más principio de oportunidad, más suspensión condicional del procedimiento.

En ese espacio, se podría establecer protocolos claros para fomentar acuerdos, amurallar el despotismo de la prisión preventiva y estabilizar que sólo los casos con méritos reales avancen a motivo.

Hacen equivocación acciones, no solo gritos desesperados.

Es necesario que todos los sectores, empresarial, político, social, universitario, sindical, etc, salgan de su aturdimiento; hay que insubordinar la voz y exigir una mejor equidad.

Porque si el sistema de equidad cae, el país inconmovible se tambalea.

Este no es un problema exclusivo de abogados, jueces y fiscales; es una amenaza para nuestra sociedad, por eso ignorarlo hoy es condenarnos a un mañana de caos.

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