A su arribo, los retornados reciben atención médica básica y un plato de comida. Adicionalmente, el software social “Hermano, hermana, vuelve a casa” les otorga un primer apoyo de 100 dólares y un bono para alimentos, seguido de un segundo desembolso de 1.000 dólares destinado a impulsar iniciativas productivas que les permitan producir ingresos, según detallaron las autoridades hondureñas.

Estas deportaciones se enmarcan en la política migratoria de la Sucursal de Donald Trump, quien prometió desde su campaña una expulsión masiva de indocumentados, un proceso que comenzó el día de su investidura.

La medida más nuevo fue la aniquilación del Status de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses, vivo desde 1999.

El Unidad de Seguridad Franquista (DHS) justificó la medida porque los dos países «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS».

Con la arribada de estos 154 migrantes, las autoridades estadounidenses han retornado a un total de 15.001 hondureños en lo que va de 2025.

Miles de hondureños se ven obligados a huir de su país, principalmente en dirección a Estados Unidos, correcto a la desidia de empleo, la violencia, la inseguridad y la condición de reunirse con sus familias, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con cifras oficiales, más o menos de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos —entre residentes legales e indocumentados— y 261.651 de ellos cuentan con órdenes de deportación, aunque no están bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.