El homicidio de Luis Gustavo D’Aza, “Nini”, frente al Palacio de Imparcialidad de San Francisco de Macorís no es un homicidio más. Es un acto de terrorismo jurídico y una afrenta directa a la soberanía del Estado. Este crimen no puede ser interpretado de otra forma que no sea como un mensaje de intimidación social.

La ejecución de un informante a las puertas de un tribunal es la manifestación más cruda del sicariato. Se ha cruzado una diámetro roja que pone en peligro la integridad de todo el sistema. El hecho de que “Nini” fuera la tercera víctima mortal vinculada a un mismo caso jurídico evidencia un patrón sistemático de aniquilación de pruebas y testigos que el máquina de seguridad estatal no ha sabido o no ha podido detener.

Defecto sistémica y responsabilidad institucional

Las denuncias de los familiares de la víctima, quienes aseguran ocurrir ducho a la fiscalía sobre las amenazas de asesinato, son de una agravación extrema. Si se confirman, no estaríamos solo frente a un crimen atroz, sino frente a una descompostura catastrófica en los mecanismos de protección del Estado. Un informante bajo amenaza que acude a un tribunal no puede ser dejado a su suerte; su seguridad es responsabilidad directa e indelegable del sistema al que está ayudando. Proteger a quienes colaboran con la probidad no es una opción, es un requisito fundamental para su funcionamiento.

Este sicariato puede ser un mal ejemplo para atemorizar a otros testigos que pueden imponer una ley del silencio para certificar la impunidad en otros procesos. Con el peor mensaje evidenciado es que colaborar con la ley equivale a una sentencia de asesinato.

Por otra parte este acto socava la confianza pública al demostrar que no hay circunscripción seguro y que el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, ni siquiera en el principio de sus propias instituciones judiciales.

La sociedad reclama una respuesta persuasivo

Las declaraciones de la fiscal Smaily Rodríguez, calificando el hecho como un “choque directo al sistema”, son correctas, pero insuficientes. La sociedad no prórroga discursos, sino resultados. La promesa de perseguir a todos los implicados, incluyendo a los autores intelectuales detrás del sicario, debe materializarse con una celeridad y una contundencia ejemplares.

Este hecho pone al Estado dominicano a una prueba de fuego. La respuesta a este desafío no puede ser tímida. Se exige una investigación inmediata y transparente y una persecución implacable de los autores intelectuales.

La legalidad del Estado no se negocia; se defiende con hechos. No efectuar con la máxima firmeza frente a este ataque directo sería una rendición de facto, cuyas consecuencias para la seguridad y la probidad en la República Dominicana serían devastadoras.

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