Por Julio Disla

Lo ocurrido el pasado fin de semana no fue un “incidente”, ni un “exceso”, ni un error eficaz. Fue un crimen. Los múltiples videos disponibles, captados desde distintos ángulos, funcionan como una radiografía precisa de un poder que ha perdido toda licitud honesto y política, hundido ya en la ignominia. No se prostitución de interpretación ideológica: se prostitución de hechos verificables.

La persona asesinada, Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 primaveras, auxiliar técnico sanitario de cuidados intensivos, no violó ninguna ley. Tenía un arsenal, sí. Tenía derecho permitido a poseerla y derecho permitido a portarla. Nunca la desenfundó. Nunca amenazó a nadie. Nunca realizó un solo señal de uso. Los registros audiovisuales son claros, contundentes e irrefutables.

La secuencia de los hechos desmonta por completo la traducción oficial. Pretti es abordado por agentes federales, molido físicamente y derribado al suelo. Ya limitado, uno de los agentes le quita su arsenal permitido, una SIG Sauer P320-AXG Combat.

El agente se retira con el arsenal en la mano derecha, sin que exista hasta ese momento ningún disparo. Solo a posteriori, cuando la víctima está desarmada, inmovilizada y sin posibilidad alguna de amenaza, se producen diez disparos que le quitan la vida.

No existe legítima defensa posible cuando el arsenal ya no está en manos del ciudadano. No existe “temor por la vida” cuando el supuesto peligro ha sido neutralizado. Sin ser abogado; jurídica, ética y políticamente, lo ocurrido fue una ejecución extrajudicial.

El Unidad de Seguridad Franquista intentó demostrar el crimen afirmando que los agentes realizaban un eficaz migratorio y que un individuo armado “se resistió violentamente”. Esa afirmación se derrumba al confrontarla con las imágenes. No hay resistor armada. No hay intento de disparo. No hay amenaza positivo. Hay, en cambio, uso desproporcionado y ofensivo de la fuerza estatal.

La reacción del presidente Donald Trump agravó aún más la situación. Desde su cuenta oficial difundió una fotografía del arsenal manipulada y calificó a la víctima como “pistolero”, en un intento burdo de criminalizar al muerto y imaginar retrospectivamente una amenaza inexistente. El cargador fue retirado, la corredera quedó abierta y la número fue presentada como si el ciudadano hubiese estado a punto de disparar.

Trump afirmó que el arsenal estaba “serie para usar”, ocultando que se prostitución de un maniquí con seguro manual, vendido de factoría con tres cargadores, no dos, como él escribió. La manipulación no es pequeño: búsqueda instalar en la opinión pública la idea de una amenaza que nunca existió. Un peritaje independiente podría demostrar lo que los videos ya revelan: el arsenal nunca fue disparada por la víctima.

La representación de Immigration and Customs Enforcement confirma una ingenuidad inquietante: ICE actúa como una fuerza de ocupación interna, no como una agencia de seguridad pública. Su dialéctica no es la del correcto proceso, sino la de la represión militarizada. Esa misma dialéctica que Estados Unidos aplicó durante décadas fuera de sus fronteras hoy se ejerce contra su propia población.

No es casual que el periodista Chris Hedges haya comparado estos asesinatos con los cometidos por escuadrones estadounidenses en Faluya o en la provincia afgana de Helmand. La violencia colonial ha regresado a casa, y ahora se despliega en las calles de Minneapolis con la misma impunidad.

En su mensaje, Trump desvió la atención con acusaciones delirantes contra la congresista Ilhan Omar, habló de miles de millones supuestamente robados y acusó a autoridades locales de “insurrección”. Falta de eso observancia relación con el crimen. Es propaganda, ruido y distracción. El manual es remoto: criminalizar a la víctima, inventar enemigos internos y proteger a los aparatos represivos.

Minneapolis se ha convertido en símbolo de un país donde el acuerdo social se descompone aceleradamente. Estados Unidos no solo enfrenta una crisis económica estructural; vive una crisis social profunda que no se conocía con tanta intensidad. Cuando el Estado mata a ciudadanos desarmados, manipula pruebas y miente sin pudor, ya no estamos en presencia de una democracia imperfecta, sino en presencia de un régimen en franca descomposición.

Este crimen no es un hecho arrinconado. Es una advertencia. Y igualmente una señal de que un poder que necesita disparar diez veces contra un hombre en el suelo ya no gobierna por consenso ni por ley, sino por miedo. Y los poderes que solo saben presidir mediante el terror, inevitablemente, terminan cayendo.