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El Pregonero, Santo Domingo.– La pasada trámite de la Dirección de Táctica y Comunicación Estatal (Diecom) dirigida por Homero Figueroa continúa bajo la lupa por la modo en que contrató servicios en 2024, ignorando advertencias previas de la Dirección Común de Contrataciones Públicas (DGCP).
En junio de 2024, la DGCP emitió la Resolución RIC-114-2024, a raíz de una denuncia de la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres, en la que aclaraba que el proceso de excepción utilizado en el procedimiento Diecom-CCC-Peor-2023-0001, por un monto de RD$1,450 millonesno cumplía con los requisitos de exclusividad establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
A pesar de esta resolución, en 2025 la Diecom de Homero repitió la misma destrezaadjudicando mediante procedimientos de excepción contratos y adendas por RD$2,700 millones a las mismas cuatro empresas previamente beneficiadas: Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center.
Todo esto se hizo, sin que las autoridades competentes investigaran al funcionario del Palacio Doméstico.
La DGCP fue categórica en señalar que la argumento presentada por Punta –basada en la “confianza y experiencia del contratista”– no constituye causal de exclusividad.
“La confianza basada única y exclusivamente en la experiencia del contratista puede ser evaluada objetivamente… luego, no justifica el uso de un procedimiento de excepción”, establece la resolución.
Adicionalmente, cuestionó el estudio de mercado realizado por la institución, ya que solo consideró a las empresas finalmente contratadaslo que impide demostrar que se trataba de un caso de exclusividad y limita de modo infundada la décimo de otros oferentes.
La reiteración de estos procesos en ayuda de los mismos grupos empresariales, a pesar de las advertencias formales de la DGCP, genera cuestionamientos sobre la voluntad de la entidad de cumplir con los principios de publicidad, desenvuelto competencia y eficiencia que exige la Ley 340-06.
La insistencia en permanecer un esquema de contrataciones que concentra miles de millones de pesos en pocas manos abre la puerta a sospechas de parcialidad y opacidadsocavando la confianza ciudadana en el manejo de los bienes públicos destinados a comunicación ministerial.
