Puerto Príncipe– La vida de muchos haitianos enfermos en República Dominicana está en peligro porque «la masa tiene miedo de ir al hospital» y ser expulsada, según la ONG Asociación de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), que asegura que el vecino país viola el protocolo sinalagmático sobre repatriación de migrantes.

En una entrevista concedida a EFE, la coordinadora del GARR, Katia Bonté, denuncia esa violación, así como la «persecución» a embarazadas en los hospitales dominicanos y la inacción de las autoridades de Haití frente a las deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular desde República Dominicana.

Según datos de esta ordenamiento defensora de los derechos de los migrantes y que trabaja en zonas fronterizas con República Dominicana, solo en marzo pasado 17.390 haitianos fueron repatriados por el vecino país, otros 9.782 fueron rechazados al intentar ingresar sin documentos y 18.147 volvieron por sí mismos a Haití.

«Hay una caza de mujeres embarazadas», lo que es «evidente, incluso deshumanizador», «la persona pierde toda su dignidad al dar a luz en la calle», subraya Bonté, quien señala que 77 embarazadas fueron devueltas a Haití en marzo (28 repatriadas, 26 retornadas voluntariamente y 23 rechazadas), mientras que los menores no acompañados devueltos ascienden a 342.

Entre las últimas medidas del Gobierno dominicano contra la migración irregular hay un polémico protocolo por el que en hospitales públicos se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, son atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.

Ello afecta a todos los enfermos y no solo a embarazadas y parturientas, algunas de las cuales, añade Bonté, son incluso separadas de sus bebés.

Respecto a la forma en que se llevan a parte las expulsiones, la ONG afirma que «no se respeta el protocolo firmado en 1996 sobre repatriación. El protocolo estipula que se debe dar tiempo a la persona para dar asilo sus pertenencias. No dan ningún plazo para ello».

Esto genera una migración circular de personas que regresan a República Dominicana al sobrevenir sido devueltas sin sus pertenencias tras sobrevenir 20 o 30 primaveras trabajando. Por otra parte, muchas de ellas dejan allí a sus familias.

Bonté denuncia que los migrantes son detenidos en sus lugares de trabajo, los niños de camino a la escuela, otros cuando van a la iglesia, en las calles o en sus casas.

Difícil situación en Belladère

La situación es «muy complicada en la frontera», asegura la coordinadora de una ONG que lleva unos treinta primaveras documentando deportaciones.

Si proporcionadamente estas se producen principalmente en los puntos fronterizos oficiales, la ciudad de Belladère es la que, al menos desde octubre, recibe a más deportados desde República Dominicana. Allí el GARR tiene un centro de acogida.

Pero desde marzo Belladère está invadida por grupos armados que siembran el terror y obligan a huir a miles de personas, a lo que se suman los enfrentamientos entre bandas y policía y el interrupción de los accesos por carretera, lo cual impide la circulación de personas y haberes entre esta ciudad y el resto del país.

«En Belladère, la situación es harto complicada oportuno al avance de las bandas en el Plateau Central (centro de Haití). Esto hace que muchos migrantes que llegan tengan dificultades para regresar a sus comunidades de origen», lo que todavía se produce en áreas fronterizas como Anse-à-Pitres (sureste) y Ouanaminthe (noreste).

Bonté señala que las carreteras están controladas por las bandas y el camino a ellas es «extremadamente difícil y muy costoso. Si logran explayarse paso, es muy arriesgado y muy caro. Esto hace que muchas personas deportadas se queden en la frontera».

Este interrupción afecta todavía los suministros: la oficina central del GARR está en Puerto Príncipe y sus existencias en Belladère están empezando a agotarse.

«Estamos desbordados. El Estado está prácticamente privado. Nuestro espacio está menguado a 60 personas, pero a veces recibimos entre 200 y 250. Nuestro presupuesto no estaba preparado para esto (…) No tenemos verdaderamente los medios financieros para replicar a esta afluencia de deportados», reconoce Bonté, quien teme no poder seguir haciéndolo por error de bienes y que se queja de no sobrevenir recibido ni una sola señal de las autoridades.

Solicita al Estado que cree las condiciones para que los haitianos puedan quedarse a existir en su país (generando empleo y garantizando la seguridad) y que entable conversaciones con las autoridades dominicanas: «Es necesario un diálogo entre los Estados. Incluso pedir una especie de moratoria para determinadas categorías, como las personas mayores, las mujeres, los recién nacidos y los niños».