Lás pandillas haitianas obtienen entre 60 y 100 millones de dólares al año por concepto de actividades vinculadas al comercio fronterizo con República Dominicana, según declaró ayer el ministro de Crematística y Finanzas de Haití, Alfred Metellusen una entrevista concedida a la emisora haitiana Magik9.

El funcionario explicó que el flujo irregular de contenedores internamente Haití por pasos fronterizos como Atascado permite a jefes pandilleros locales cobrar hasta 2,000 dólares por mecanismouna monograma que, multiplicada por la cantidad mensual estimada de contenedores —aproximadamente de 3,000—, genera un grosor de ingresos millonario que termina en manos criminales.

“Hay más pasta que va en dirección a actividades criminales que en dirección a la Policía. Si queremos combatir la inseguridadtenemos que realizar sobre eso”, afirmó Métellus.

Tráfico de armas

El ministro denunció que los controles aduaneros son débiles y que el tráfico de armas, municiones e incluso armamento de lucha podría quedarse realizando sin mayores obstáculos.

• “Aunque supuestamente se trabaja, el grosor de contenedores aumenta, los controles no se realizan adecuadamente”, dijo.

Aclaró que el objetivo del Gobierno no es obstaculizar el comercio internacional, sino impedir que las ganancias sigan nutriendo a las pandillas que generan violencia e inestabilidad en Haití.

Las declaraciones de Métellus se producen en un momento de crisis institucional y de inseguridad extrema, mientras la comunidad internacional se prepara para el despliegue de una encomienda multinacional de apoyo a la seguridad.

Avance de las pandillas

El Servicio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó que, en la tarde del miércoles 9 de abril, bandas criminales tomaron el control de la comuna haitiana de Mirebalais, donde se encontraba el edificio que albergaba el consulado dominicano en esa zona.

La institución igualmente detalló que, gracias a las medidas preventivas adoptadas, todo el personal dominicano fue evacuado días ayer, y el tópico estaba cerrado al momento de la ocupación del poblado por las pandillas.

“Si admisiblemente es un hecho condenable, el inmueble es alquilado, y en su interior no había ni estampillas de visado, ni libretas de pasaporte, ni ningún otro documento oficial, por lo que no hay afectación de interés franquista alguno”, agregó la Cancillería en un comunicado enviado este jueves.