Santo Domingo.– El 30 de abril de 1987, el expresidente Salvador Jorge Blanco protagonizó uno de los episodios más tensos de la historia política fresco del país, al solicitar orfelinato político en la embajada de Venezuela en un intento por evitar una orden de arresto por presuntos actos de corrupción durante su papeleo (1982-1986). La solicitud fue rechazada por el gobierno venezolano, lo que marcó el inicio de un prolongado proceso contencioso sin precedentes contra un exmandatario dominicano.

Horas ayer de su intento de orfelinato, la jueza de instrucción del Distrito Doméstico, Francia Concepción Martínez, había regular su arresto luego de un extenso interrogatorio en el Palacio de Rectitud de Ciudad Nueva. Tras el rechazo del orfelinato, y en medio de una crisis de lozanía por espasmos coronarios y ingreso presión arterial, Jorge Blanco fue trasladado a su residencia y después ingresado en la Clínica Abreu. Desde allí, recibió permiso para desplazarse a Estados Unidos en un avión ambulancia con fines médicos.

El proceso contencioso en su contra fue instrumentado por el fiscal del Distrito, Prim Pujals, y se sustentó en una querella presentada por el abogado Marino Vinicio Castillo, quien acusó al expresidente y varios de sus colaboradores de desfalcar al Estado mediante compras sobrevaloradas para las Fuerzas Armadas y la Policía Doméstico por un monto estimado en 25 millones de pesos.

Adicionalmente de Jorge Blanco, la imputación incluyó al patrón Leonel Almonte, su asesor financiero; Juan Tomás Peña Valentín, suplidor del Ejército; y al universal Manuel Antonio Cuervo Gómez, exministro de las Fuerzas Armadas, quien ya se encontraba detenido al momento del expediente. Incluso fueron arrestados Partenio Ortiz, exdirector de CORDE; Hugo Bueno Pascal, exadministrador de Dominicana de Aviación; y los ingenieros Porfirio López Taveras y José David Vargas.

A pesar de no presentarse a la citación contencioso original y de sobrevenir buscado sin éxito orfelinato además en la embajada de Guatemala, Jorge Blanco logró extender el proceso mientras permanecía en Atlanta, Georgia, bajo tratamiento médico. El litigio concluyó el 16 de noviembre de 1988 con una condena de 20 abriles de prisión y una multa de 100 millones de pesos, convirtiéndose en el primer y único expresidente dominicano condenado por corrupción hasta la vencimiento. El exmandatario apeló la sentencia tras regresar al país el 30 de noviembre de ese mismo año.

Aunque en 1989 logró que se anulara la sentencia original, una nueva condena fue emitida después por el mediador Juan María Severino, quien le impuso nuevamente 20 abriles de prisión y una multa pequeña a 73 millones de pesos. Sin incautación, Jorge Blanco solo cumplió dos meses de prisión.

En mayo de 2001, la Corte de Apelación de Santo Domingo anuló definitivamente la condena, tras el retiro de la querella por parte del gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. La atrevimiento fue recibida por sectores de la población como un indulto político no oficial. Mejía encabezaba la primera filial del PRD desde la de Jorge Blanco, cerrando así un ciclo afectado por pugnas internas, escándalos y persecuciones judiciales.

Salvador Jorge Blanco falleció el 26 de diciembre de 2010 a los 84 abriles, tras 37 días en coma por complicaciones derivadas de una caída. Su caso continúa siendo uno de los más recordados en la historia contencioso y política de la República Dominicana.