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La Coordinadora de los Gremios de Botiquín, encabezada por SINATRAE, UNASE-CASC y el Colegio de Profesionales de Botiquínrealizaron el viernes 28 de noviembre un paro doméstico de labores por 24 horas en los hospitales públicos.
El colectivo exige al gobierno el cumplimiento de acuerdos previos que incluyen incentivos por decrepitud, reclasificación salarial, nombramientos y la reposición del personal desvinculado tras la pandemia del COVID-19.
Las representantes del sector vitalidad denunciaron el «olvido» y el incumplimiento de las autoridades frente a las precariedades que atraviesan los hospitales y el personal taza.
Rosa de la Cruz, vocera del Sindicato Doméstico de Trabajadores de Botiquín (SINATRAE)explicó que la manifestación rebate a la yerro de respuesta a una propuesta entregada directamente al presidente Luis Abinader, al director del Servicio Doméstico de Vitalidad (SNS), Mario Légamo, y al ministro de Vitalidad, Víctor Atallah.
«Exigimos cuatro puntos fundamentales: cambios de designación, incentivos por tiempo en servicio, nombramientos para auxiliares y técnicos, y la reposición del personal contratado», puntualizó De la Cruz.
Pasivo de personal y despidos
Camila Díaz, representante de UNASE-CASC, criticó duramente el trato recibido tras la crisis sanitaria.
«Para el COVID éramos heroínas, y hoy estamos en el olvido», afirmó.
Díaz denunció que, en circunstancia de regularizar al personal contratado durante la emergencia, se ha procedido a su revocación, contabilizando 16 enfermeras desvinculadas solo en la provincia donde se emitió la exposición.
Asimismo, alertó sobre un cargo crítico de personal. Según sus estimaciones, en el hospital regional Serafín María Gatón que entrará en funcionamiento el 15 de diciembre se necesitan entre 400 y 500 enfermeras.
Actualmente en este hospital San Vicente «una sola enfermera atiende hasta 30 pacientes a la vez», especialmente en áreas críticas como trauma .
Crisis estructural y sobrecarga profesional
Por su parte, Carmen Valerio, presidenta del Colegio de Profesionales de Botiquín de la Regional III de Vitalidad, señaló que la Región III de Vitalidad se encuentra en un «callejón sin salida».
Valerio destacó la yerro de medicamentos y herramientas básicas, así como el problema generado por las pensiones:
«El personal se pensiona, pero no llegan los sustitutos, lo que genera una carga profesional insostenible».
Los gremios advirtieron que, de no cobrar una respuesta inmediata del Poder Ejecutor, el paro podría ocupar indefinidamente.
«Los más vulnerables son los pacientes, pero las autoridades parecen deber olvidado que su vitalidad depende de nosotros», concluyeron.
Insistieron en que sus demandas no son privilegios, sino derechos laborales reconocidos.
Alertaron que, si no reciben respuesta del presidente y de las autoridades de vitalidad, las movilizaciones continuarán.
