Por: ling Almánzar.-

En la mañana de este viernes se reiniciará el caso Calamarque involucra a grandes exfuncionarios acusados de corrupciónincluyendo al excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Por cierto, la defensa de Castillo participará en la audiencia de hoy, a partir de las 9:00 a. m., exponiendo sus argumentos en contra de las acusaciones que se le formulan.

El caso involucra todavía a los exministros Oficial de la Presidencia, José Ramón Peraltay de Hacienda, Donald Militarasí como al entonces director de Casinos Oscar Chalas Militar. Todos están acusados de sustraer unos 19 mil millones de pesosestafando al Estado dominicano.

El Servicio Manifiesto ya hizo su presentación de argumentos y acusaciones, imputando a los encartados por supuesta prevaricación, lavado de activos y lucro ilícito. Asegura, asimismo, que el peculio obtenido ilícitamente sirvió para financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el 2020.

Luego expusieron los querellantes, la mayoría de los cuales retiraron sus querellas y abandonaron el proceso, alegando que los pagos realizados se hacían de acuerdo a la ley, ya que los fondos pagados eran propiedad de los dueños de las tierras y no del Estado.

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Chalas Militarexdirector de Casinos, admitió los hechos, se declaró culpable y devolvió 17 millones de pesos. Los demás encartados se declararon inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, arguyendo que las tierras negociadas habían sido declaradas de utilidad pública, por lo que esas parcelas fueron ocupadas por el Estado y pagadas al precio establecido en los tribunales. Correcto a esto, argumentaron que no hubo delitos en esas negociaciones.

La jueza Altagracia Ramírezdel Cuarto Chancillería de la Instrucción del Distrito Doméstico, tiene a su cargo la celebración de la audiencia.

Al caso se refirió el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzoal afirmar que hubo “fraude procesal” en el documentación de auditoría presentado por la Pelotón Antifraude de la Contraloría Universal de la República, en el cual se fundamentó la incriminación del Servicio Manifiesto.