El Gobierno tiene casi sagaz y consensuado un esquema de ley para regular y modernizar el sector cooperativo dominicanoel cual se trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bancos (SB), el Cárcel Central (BC) y el Instituto Dominicano de Exposición y Crédito Cooperativo (IdeCoop).

Aunque no quiso fijar una plazo, el presidente de Estado estimó que en aproximadamente un mes pudiera estar sagaz para ser depositado en el Congreso. Sólo las cooperativas afiliadas a la Asociación de Instituciones Rurales de Economía y Crédito (AIRAC) cerraron 2024 con activos que superan los RD$175,333.9 millones.

“Sobre el sector cooperativo hay un esquema de ley que se está consensuando y que prácticamente está consensuado”, reveló el presidente Abinader en LA Semanal al ser cuestionado por una pregunta encargada por el circular Eldinero.

Las cooperativas han estado en el ojo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las autoridades monetarias y financieras, ya que manejan grandes volúmenes de boleto con una escasa o muy limitada supervisión técnica y operativa por la institución encargada, es asegurar, el IdeCoop.

Todos los abriles, luego de la revisión premeditadamente del Artículo IV, el organismo financiero internacional ha reiterado la carestia de que las cooperativas dispongan de un situación regulatorio que le dé fortalezas en la mandato y garantice transparencia en las transacciones.

En 2022, el FMI reiteró en su crónica de evaluación de la riqueza recinto la carestia de que las autoridades del Gobierno establezcan un mecanismo efectivo de regulación de las cooperativas dominicanas, tanto las que realizan actividades de intermediación financiera, como de las que realizan otras actividades con los ahorros de sus socios.

En 2023 volvió a pedir al Gobierno introducir un situación regulatorio prudencial para las cooperativas de parquedad y crédito, pues eso reforzaría la estabilidad financiera del país.

Igual que en los abriles previos, en 2024 el FMI llamó la atención y pidió a las autoridades modernizar el situación de regulaciones financieras y prudenciales para adaptarlas a las normas internacionales más recientes, así como cerrar las brechas regulatorias y de supervisión, como “el caso de las cooperativas y parquedad y préstamos“.